Sin ser la panacea para resolver los problemas financieros de los municipios mexicanos, el impuesto predial tiene un potencial importante de aportar muchos más recursos al erario de lo que reporta en la actualidad. Como se afirma en el “Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, Transformando México desde lo Local” del PNUD, la recaudación del impuesto predial en México hoy día equivale al 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio de América Latina (1.5%) y de la OCDE (1.9%). Está claro que la recaudación de este impuesto puede aumentar significativamente y con ello beneficiar a los municipios con ingresos propios, pero ¿qué hacer para que esto suceda?
El 5 de febrero de 2017 se publicó una reforma a la Constitución General de la República, por la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los catastros municipales . La intención de dicha reforma consistió en establecer una base constitucional a partir de la cual se pueda impulsar y estimular una política nacional de fortalecimiento de la capacidad para cobrar el impuesto predial por parte de los municipios.
A pesar de lo anterior, el Congreso de la Unión aún no ha expedido la referida ley, razón por la cual el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 del PNUD recomienda expedirla como un elemento más de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales, “con base en las mejores prácticas internacionales.”
El inicio de una nueva legislatura y administración pública federales es el momento adecuado para propiciar una discusión nacional que involucre a todos los actores relevantes, de los sectores social, público y privado, a efecto de cumplir con el mandato constitucional de aprobar una ley general en esta materia.
Analizar las mejores prácticas internacionales será importante en este proceso de discusión, reflexión y análisis propositivo. Pero también lo será abrevar de los aspectos positivos que se deriven de la experiencia nacional, que no es poca.
Sin embargo, el avance no ha sido general, y en parte ello se debe a que no existe una regulación general que armonice y homologue la función catastral , razón por la cual existe un alto nivel de complejidad y heterogeneidad en el desempeño de los distintos esquemas que existen en las entidades federativas y municipios.
En manos del Congreso de la Unión está la oportunidad y la responsabilidad de iniciar un proceso legislativo, con la participación de actores vinculados al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, de expertos nacionales y extranjeros, que culmine en la aprobación de una ley que establezca las bases y principios generales para armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de los catastros municipales; bases y principios generales que puedan ser desarrollados a nivel más específico por las legislaturas locales a efecto de adaptarlos a las condiciones diversas que tienen las entidades federativas y los municipios de nuestro país.
Investigador del IIJ-UNAM