En mi experiencia, después de muchos años al frente de las instituciones más importantes del país en materia ambiental, he podido constatar que lo que frena el desarrollo humano sustentable del país es la falta de un ordenamiento ecológico del territorio.
El ordenamiento ecológico territorial es el instrumento de política ambiental cuyo objetivo se dirige a regular e inducir los asentamientos humanos y las actividades productivas acordes a la vocación natural de los usos del suelo, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Desde la creación de la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en 1982, el tema central ha sido la imperativa de establecer orden en el desarrollo urbano acorde al potente crecimiento demográfico que ha tenido el país.
La Sedue estableció la obligación de una planeación con visión de largo plazo, elaborando el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET, hoy POEGT) que respondía a una necesidad urgente en todo el país y en sus primeros años de vida cumplió el objetivo original; sin embargo, el mal diseño de políticas públicas la llevó al fracaso.
La Reforma Agraria, que debió concluir al finalizar el reparto de las propiedades latifundistas, terminó convirtiéndose en el deporte nacional donde al inicio de cada administración el Presidente en turno “creaba” propiedades ejidales donde no se requerían.
En este contexto, hubo reparto de tierras que no tenían fines productivos agrícolas, como bosques, selvas, montañas, áreas naturales de inundación e incluso zonas federales de lagos, lagunas, ríos y barrancas. Esto provocó un verdadero desastre administrativo en el territorio, complicando las bases de un ordenamiento ecológico eficaz.
A lo largo del tiempo se perdieron millones de hectáreas de terrenos que debieron estar siempre bajo la administración federal. En los últimos años, gracias a un gran esfuerzo del sector ambiental federal, se han ido adquiriendo y decretando áreas de conservación, de reserva territorial y áreas naturales protegidas (ANP), pero en la mayoría de los casos la propiedad sigue siendo ejidal, comunal o privada.
En 1992 desapareció la Sedue para dar paso a dos nuevas dependencias federales: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ese mismo año, y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) en 1994. Uno de los objetivos fue fortalecer las políticas ambientales y de desarrollo urbano del país.
Los dos sistemas fundamentales de planeación de la Sedue, el POET y la planeación del desarrollo urbano territorial (PDU) se dividieron entre la hoy Semarnat y la Sedesol, respectivamente. Esto —me parece— representó un error de graves consecuencias, porque nunca ha habido una buena coordinación entre las dos secretarías, provocando un verdadero caos en el sistema nacional de planeación.
En la pasada administración hubo la idea por parte de la oficina de la Presidencia de eliminar la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), dado que sus funciones podían ser incorporadas a otras dependencias.
En la Dirección General de la Conagua trabajamos en un proyecto que consistía en crear la Secretaría del Ordenamiento del Territorio (SOT). La idea consistía en usar las valiosas herramientas de la SRA y conjuntar en esta nueva secretaría las responsabilidades tanto de la planeación ecológica como de desarrollo urbano.
En la actual administración se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Un acierto en principio, pero desafortunadamente no se conjuntaron los sistemas de planeación.
Insistimos en la necesidad de concluir esta transformación administrativa para que la planeación del ordenamiento ecológico y urbano queden incorporados en una misma secretaría.
Sólo respetando el ordenamiento ecológico territorial en todo el país lograremos un verdadero desarrollo sustentable. Los errores de no hacerlo ya los estamos viviendo en toda la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.