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En este tiempo de campañas políticas, tanto en la Ciudad como a nivel nacional los electores no podemos apreciar realmente la capacidad, conocimiento y preparación de los candidatos ni de sus propuestas y planes de gobierno para combatir los graves problemas que tenemos en el país. No los podemos conocer porque, más que campañas electorales, parecen carreras por ofrecer la mayor cantidad de dádivas y concesiones absurdas.
Escuchamos promesas de transporte público gratuito, becas para estudiantes, sostener los programas sociales actuales y encima pretender pagar 2 mil 500 pesos mensuales a un millón de amas de casa. Esta última promesa de campaña representaría una erogación anual de 30 mil millones de pesos, más los gastos de administración, donde se pierde mucho dinero en el camino.
Evidentemente no se sabe ni parece importar de dónde saldría el recurso. Simplemente se ofrece regalar el dinero público, lo cual en sí mismo es ilegal. Los presupuestos de egresos no se crean de la nada, provienen de los impuestos y derechos que pagamos los contribuyentes y la obligación del jefe de Gobierno es que se aplique correctamente.
De acuerdo con la Constitución general, el presupuesto es una ley programática; el dinero público se asigna a partidas determinadas, según lo aprobado por diputados a nivel federal y local. Este precepto fundamental se ha violado de manera flagrante por parte del Ejecutivo. Lamentablemente se denuncia muy tarde y muchas veces el dinero público está ya fuera de México.
Este vicio terrible se debe, en gran medida, a que las campañas electorales se centren en “quién da más” por parte de la mayoría de los candidatos y refleja tristemente la pobreza cívico-democrática de muchos ciudadanos, que sólo esperan el “tú qué me das”.
El presupuesto público como ley programática, está destinado a garantizar los servicios elementales para la población: seguridad, salud, educación, transporte , vialidades, limpieza, servicio de agua y drenaje, parques y jardines, deportivos, entre otros.. Está claro que en el presupuesto se aprueban también diversos programas sociales de apoyo a los sectores de la población menos favorecidos, pero éstos deben circunscribirse a lo estrictamente necesario, siguiendo el principio universal de la subsidiaridad.
La Ciudad de México ha caído en las últimas administraciones en una política asistencialista suicida. Una metrópoli como la nuestra, en condiciones extremas de sobrepoblación, requiere cuantiosos recursos para poder sostener los servicios públicos.
A una ama de casa los 2 mil 500 pesos no le servirán de mucho si no puede tomar un autobús, caminar por la calle sin que la asalten o si no tiene agua potable. Las últimas administraciones de la Ciudad han caído en un populismo extremo e irresponsable donde se olvidan de los servicios públicos.
Con base en estudios realizados en Ciudad Posible, podemos afirmar que la administración saliente entrega a muchos organismos que brindan servicios en la quiebra absoluta: el Metro, sin refacciones, con 100 trenes fuera de operación y sin un centavo para invertir; el Sistema de Agua, con 40% de pérdidas en la red de agua potable y sin dinero para modernizarla, el tratamiento de aguas negras es de tan sólo 6% del volumen generado, lo que nos convierte en una vergüenza mundial. Esto nos ofrece el populismo asistencialista y corrupto, la quiebra de la Ciudad y el empobrecimiento de la población, cuando el presupuesto debe destinarse para hacer más eficientes los servicios públicos.
¿Queremos continuar con esta política asistencialista destructiva?
