Felicito la decisión de la alcaldesa Layda Sansores, quien el pasado jueves anunció la cancelación definitiva y la orden de demolición total de la estructura del edificio para oficinas de 15 pisos que se construye en Periférico Sur, justo sobre la zona federal de la Presa Anzaldo.
Desde el inicio de la obra denuncié varias veces la ilegalidad y el fraude que se cometía al autorizar la construcción prácticamente en el vaso de la presa. En ese entonces ni la delegación de Álvaro Obregón ni oficinas centrales del Gobierno de la Ciudad de México detuvieron la obra.
La Presa Anzaldo fue construida en 1933 con una capacidad de 210 mil metros cúbicos de almacenamiento de agua, se localiza en la confluencia del Periférico y la avenida Luis Cabrera, en el límite de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Es una infraestructura vital para el control de los escurrimientos cuando se presentan fuertes lluvias, para la seguridad de miles de familias que habitamos esta zona.
Forma parte de un conjunto de presas que operan como vasos reguladores del poniente del Valle de México cuando hay tormentas. Se denominan presas de “regulación horaria” porque se llenan durante la tormenta y se vacían en 24 horas hacia el Interceptor Poniente del Sistema de Drenaje Profundo.
Desde la construcción del Anillo Periférico, que se llevó a cabo a partir de 1964, se respetó la delimitación de la Presa Anzaldo, que para entonces ya contaba con 30 años operando.
Por cuestiones elementales de seguridad no debe haber construcciones de ningún tipo entre la presa y el Periférico, en este caso es evidente el alto riesgo que genera dicha construcción.
La obra es ilegal porque violó los planes de desarrollo urbano e invadió la zona federal de la presa. Es un ejemplo más de la grave corrupción de la pasada administración en materia inmobiliaria.