Llamado oportuno e inquietante. Difícilmente podría resultar tan oportuna —y tan inquietante— la publicación en México y el mundo de habla hispana de un libro como el que fue presentado anoche por su autor, Stephen Breyer, un reconocido ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Para los lectores mexicanos y de nuestra región lingüística, con sus propios sistemas judiciales, se trata de una serie de aportaciones y de un llamado a reflexionar acerca de un piso común sobre Cómo hacer funcionar nuestra democracia (FCE, 2017). Breyer se mantuvo hasta el final en contra de la resolución que decidió en esa instancia superior el controversial triunfo de George W. Bush sobre Al Gore en la elecciones de 2000.
Vivimos hoy un momento en que las libertades y los derechos constitucionales, con sus procesos democráticos, están siendo utilizados en el planeta para llevar al poder a personajes con discursos y desplantes que tienen la mira puesta precisamente en los principios democráticos, los derechos individuales y sociales, los sistemas de representación y sus instituciones fundamentales, como ahora lo vemos con Trump.
El accesible y contundente trabajo de Breyer ofrece una historia inteligentemente selectiva —desde que se adoptó su Constitución en 1787, a partir de la cual su Corte Suprema quedó instalada dos años después— hasta la actual consolidación del tribunal máximo de aquel país como guardián —indiscutido y acatado— del funcionamiento de su democracia constitucional. Pero acaso lo más inquietante surge del hecho de que ésta historia consumió 230 años, mientras que ahora en México tenemos apenas menos de 230 días antes de librar, en las urnas del uno de julio próximo, una prueba crucial para hacer funcionar y, con ello, asegurar la sobrevivencia misma de nuestra incipiente y vulnerable democracia.
Dónde estamos. El Justice Breyer registra cómo, a lo largo de más de dos siglos, se han ido venciendo obstáculos y corrigiendo sesgos de la propia Corte para fundar su capacidad de contribuir a garantizar una democracia constitucional factible, confiable en la que sus decisiones lleguen a ser acatadas y aceptadas como legítimas por todos. La primera parte del libro recoge desde el caso en que la Corte protegió el derecho a la tierra de los indios Cherokees pero sus decisiones fueron desobedecidas por un presidente, un gobernador y el Congreso, hasta uno en que bochornosamente la Corte protegió el ‘derecho de propiedad’ sobre un esclavo negro, incluso en un Estado en que se había abolido la esclavitud. Finalmente llega el autor a un punto culminante de esta historia, ya a mediados del siglo pasado: el apoyo militar del presidente para hacer cumplir, contra el gobernador de Arkansas, la sentencia de la Corte a favor de los derechos de unos jóvenes negros a ingresar a escuelas hasta entonces reservadas sólo para blancos.
En México, mientras tanto, apenas la semana pasada vimos un paso importante en esta vía, con el cese de un delegado de la CDMX renuente a acatar una sentencia de amparo. Pero también vimos cómo las autoridades de los diversos niveles no suelen otorgarle importancia a cumplir resoluciones judiciales, como lo muestra un caso rezagado del sexenio pasado que amagó con repercutir en la actual secretaria de Cultura.
2018. Pero el problema entre nosotros no se agota en las vicisitudes de las decisiones de la Corte. Lo que estará en juego en los próximos poco más de 200 días, será una lucha descarnada por el poder en medio de una primitiva cultura cívica y política de desapego a leyes y a resoluciones institucionales y jurisdiccionales. Y aquí es donde nuestro autor apela a la habilidad de las instancias involucradas para aplicar la Constitución en circunstancias cambiantes, a su comprensión de que sus acciones tienen repercusiones en el mundo real y a su capacidad para construir o reconstruir su credibilidad en entendimientos informados entre ciudadanos y autoridades.
Director general del Fondo de Cultura Económica