En 1999, George Frederickson pronunció un discurso en el que hablaba de un Estado desarticulado. La capacidad del Estado para hacer frente a problemas sociales y económicos se ha reducido considerablemente porque esos problemas públicos no entienden de jurisdicciones, partidos y administraciones. La contaminación del aire es un problema que ejemplifica a la perfección este escenario de fragmentación y debilitamiento del estado ante el fin de la Geografía. A las partículas suspendidas en el ambiente les importa poco la alcaldía en el que se hallen suspendidas. Mucho menos tienen reparo, querida ciudad, en quedarse dentro de la demarcación que las produjo. Parece una obviedad, como lo que se anota de costumbre en esta columna. Uno no puede pensar que los contaminantes provenientes de fábricas en el Estado de México permanezcan allí y sean atendidos por los gobiernos estatal y municipales correspondientes (aunque los municipios poca atribución tienen en la materia, constitucionalmente). Del mismo modo, la inmensa madeja de humo del periférico no respeta los límites capitalinos.
Para hacer más compleja la ecuación, los problemas no sólo trascienden límites imaginarios -divisiones políticas, jurisdiccionales-, sino que evolucionan en el tiempo. Dicho de otro modo, a las partículas suspendidas, ozono, dióxidos de carbono y nitrógeno, les tiene sin cuidado quién esté en el encargo de la jefatura de gobierno, qué porcentaje le dio la victoria a un gobernador o qué tan virtuosas son las relaciones entre dos gobiernos de distinto color.
Entonces, querida ciudad, si los problemas son transjurisdiccionales y constantemente activos en el tiempo, ¿por qué habríamos de suponer que soluciones fragmentadas habrán de hacerles mella? A lo que voy es que, más allá de encontrarle el tamaño y márgenes a las distintas dimensiones y fuentes de contaminación ambiental -vehicular, industrial, volcánica, incendios-, habría que intentar lo que Frederickson entendía como la única vía para hacerle frente al desarticulamiento del Estado: una gobernanza basada en administración pública.
En términos llanos, esta gobernanza de problemas que no conocen frontera debería comenzar por admitir que, incluso actuando acertada y bien intencionadamente, un gobierno solo no podrá dar respuesta efectiva a problemas como la contaminación del aire. En 2013 se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los gobiernos de tu otrora Distrito Federal, ciudad, y los del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala acordaron crear un organismo de coordinación política para la ejecución de políticas medio ambientales.
Aunque el esfuerzo es notable y con poco precedentes en México, la CAMe no ha dado muestras hasta 2019 de ser esa respuesta en términos de gobernanza y administración pública coordinada interjurisdiccional que problemas del tamaño de la zona metropolitana de la Ciudad de México ameritan. Los desafíos son mayúsculos, desde luego. Estamos hablando de sentar en la misma mesa organizaciones públicas con distinta naturaleza jurídica, objetivos y normas organizacionales que representan a entidades federativas altamente pobladas, desvencijadas por los recortes presupuestales, cargadas de prioridades en temas de seguridad y desarrollo, y encima de afiliaciones políticas distintas.
Para que la CAMe pase de ser un organismo simbólico de coordinación política a uno de gestión eficaz de asuntos que no reparan en cuánto tiempo esté un partido y un dirigente en el cargo, se necesita la madurez de entender que la contienda política está en otro lado, pero la contaminación del aire seguirá en el aire de todas las calles de las megalópolis. Las que aplican el doble hoy no circula y las que no. Hasta que no se entienda que la calidad del aire, como otros problemas de las grandes metrópolis, está varios niveles en importancia más arriba que las contiendas electorales y que su solución está en acciones integrales, conjuntas, coordinadas y sostenidas en el tiempo, seguiremos confiando en la lluvia como la política de un Estado desarticulado para el combate a la contaminación del aire.
@elpepesanchez