Las renuncias en un gabinete resultado de una elección democrática son habituales. Diferentes motivos las causan. Roces con el Presidente, diferencias con otros integrantes del Ejecutivo, inconformidades con determinadas decisiones. Lo que es práctica común dondequiera no lo es en México. Sin embargo, durante este sexenio se han multiplicado. Unas están justificadas, otras no tanto. La de Germán Martínez, cabalmente argumentada, señalaba su incapacidad para gobernar con garantías el IMSS. La de Carlos Urzúa induce a sospecha. Entre los motivos registra el exsecretario que no estuvo de acuerdo con la cancelación del NAIM en Texcoco y con la refinería en Dos Bocas. Germán Martínez se encontró con imponderables una vez en el cargo; Urzúa ya conocía estos proyectos desde la campaña. La primera parece plenamente justificada, la segunda se antoja oportunismo. Tampoco es creíble que Urzúa denuncie la intromisión de otros miembros del gabinete para imponer a amigos en la secretaría de la que era titular que nada saben de la administración pública. Necesariamente esa “imposición” debía de tener su aval. Si hay una renuncia que se equipara a la de Urzúa en la falta de argumentos sólidos es la de Castañeda durante el sexenio de Vicente Fox.
En realidad, hubiera sido más decoroso que Urzúa hubiera apelado a los socorridos “asuntos personales” que a las causas consignadas en su carta de renuncia. Urzúa sabía desde la campaña ambos compromisos realizados por López Obrador. Es cierto que en un momento, cercano la votación, pareció considerar la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero sólo fue un guiño electoral. Urzúa tenía conocimiento cabal de ambos proyectos y aún así aceptó integrarse en el gabinete como flamante Secretario de Hacienda. Sus razones son sinrazones, dirigidas a la ciudadanía desinformada antes que a la verdad. Las presiones existen en todas las secretarías, por lo que se asume que el titular, además de conocer el área (algo que no sucede en este gabinete en el que Urzúa era excepción), debería saber lidiar con la práctica corrupta de pagar favores con puestos y cargos a incompetentes cuya carta de presentación es ser amigo de tal o cual. Si lo que pretendió Urzúa era denunciar malas prácticas y corrupción en esta administración parece que lo ha logrado; si justificar su renuncia, de ninguna manera. Pero lo del exsecretario es sólo una más en una deserción imparable. Al margen de las justificaciones de todo tipo, este goteo parece deberse a una administración que carece de propósito y orientación, desordenada y caótica, arbitraria y caprichosa. Andrés Manuel dijo que el combate a la corrupción y a la impunidad era directriz de su gobierno. No hay tal combate, ni tal lucha, tan sólo la repetición incansable de que ya no hay corrupción ni impunidad. Eso señala Urzúa en su carta. Mayor corrupción que la decisión del gobierno de Baja California de prorrogar tres años más su ejercicio que no mereció ningún comentario del presidente, con pagos multimillonarios a los diputados de oposición, parece difícil encontrar.
Otro asunto no menor es el número de funcionarios y cargos públicos impuestos en atención al tráfico de influencias que no piensan en renunciar ni dimitir. La 4T no lucha contra la corrupción, es su cómplice. Al final esto es lo que está detrás de las renuncias aunque no se digan las cosas por su nombre.