Como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero también en la campaña presidencial de 2006, López Obrador siempre ha sido muy claro en cuanto a sus prioridades de gobierno. Su lema electoral de entonces, “por el bien de todos, primero los pobres” refleja claramente su visión de a quién se debe. “El pueblo no se equivoca” es otra frase que ha repetido en innumerables ocasiones. Por el contrario, la “mafia en el poder”, “los fifís”, “los conservadores”, se convirtieron en los adversarios de su proyecto político.
La retórica de López Obrador sorprendió primero como candidato y ahora como gobernante. Una consecuencia del largo periodo priista fue la ausencia de un discurso político-partidista en términos de clase social. Al menos en el discurso, el PRI decía gobernar para todos y por ello no tenía empacho en darle cobijo al sector popular, al sector obrero y al sector campesino. Con su lenguaje en defensa de los pobres, AMLO vino a introducir en el léxico electoral un discurso de clase que es normal en democracias consolidadas como la Gran Bretaña.
Como gobernante, AMLO también ha abandonado la pretensión de gobernar para todos. Y, a juzgar por sus números de aprobación, la estrategia ha sido exitosa. Buena parte de su narrativa tiene eco en una población con muchas carencias. Por ejemplo, 64% de los mexicanos ve con buenos ojos la ayuda gubernamental para los pobres “porque la gente necesita cubrir sus necesidades básicas”. La contranarrativa recibe un apoyo importante aunque menor: 33% señala que la ayuda gubernamental a los pobres es mala “porque la gente se acostumbra a recibir ayuda sin tener que esforzarse”. Igualmente, 74% de los mexicanos comparte la postura de disminuir la inseguridad a través de la creación de empleos (datos de Buendía & Laredo, encuesta nacional, febrero 2019).
El tema redistributivo es más riesgoso políticamente hablando. Sesenta por ciento de los mexicanos, y el porcentaje no ha variado mucho en el último año, señala que “la riqueza se debe distribuir de acuerdo a los logros y esfuerzos de cada persona” (la pregunta es sobre riqueza y no sobre ingreso). El campo contrario, quienes apoyan que el gobierno redistribuya la riqueza “para disminuir la diferencia entre ricos y pobres”, es numeroso: 38 por ciento. En otras palabras, una mayoría se opone a una agenda redistributiva de la riqueza, pero el tema tiene potencial para dividir el país: los bandos contrarios son de tamaño considerable.
El crecimiento económico del país será una variable que impactará cómo evalúa la población una agenda redistributiva. Si hay crecimiento, si el pastel se hace más grande, la agenda redistributiva tendrá más aceptación ya que no necesariamente significa una pérdida de ingreso en términos absolutos. Por el contrario, si se persigue una agenda redistributiva en un contexto de estancamiento económico, los grupos sociales tenderán a ver la política y la economía como un juego de suma cero, donde lo que uno gana el otro lo pierde. Es el caldo de cultivo más propicio para la polarización.
Naturalmente que pasar de la opinión a la acción, del dicho al hecho, requiere que el tema redistributivo se politice y que algún partido o actor político enarbole alguno de los postulados de la agenda meritocrática y del esfuerzo personal. Esta ha sido una agenda históricamente ignorada por los principales partidos del país. Es previsible, sin embargo, que una fuerza con este perfil se haga presente en el futuro y que aparezcan personajes que busquen defender a grupos sociales que se sientan lastimados por las políticas del actual gobierno. Así como el cardenismo dio lugar a Acción Nacional, Obama a Trump, el lopezobradorismo puede esparcir las semillas de una nueva fuerza de oposición en México.