El presidente electo ha anticipado que su sexenio será el sexenio de las consultas. Ya está en ciernes la consulta sobre el Tren Maya. También se tiene previsto reformar la Ley Federal de Consulta Popular para, entre otras cosas, permitir que se celebren con mayor frecuencia y no sólo, como está legislado hoy, en concurrencia con elecciones federales. Si lo anterior se hace realidad, y la nueva administración mantiene la urna viva prácticamente todo el tiempo (este término lo tomo prestado de Rafael Cardona), podemos ya vislumbrar algunos cambios en la forma en que se hará política en nuestro país.
Una interrogante es si, bajo el esquema de la urna viva, las consultas se harán con los criterios de certidumbre, imparcialidad, cobertura y logística que actualmente rigen a las elecciones federales. Por ejemplo, un rasgo deseable y difícilmente controvertido es que las consultas deberían ser al menos tan democráticas como nuestros comicios constitucionales, y organizadas por un árbitro imparcial, como el INE (lo cual en este momento está contemplado en la ley). Si se ratifica lo hoy existente, es previsible que nuestra democracia participativa será considerablemente cara: un ejercicio democrático nacional de esta envergadura implica muchos gastos y personal. Hay además muchas interrogantes sobre la dinámica de los procesos de consulta. Me detengo en uno: ¿las opciones a elegir tendrán acceso a los tiempos oficiales en los medios para dar a conocer sus argumentos en forma equitativa? Y, tomando como ejemplo el caso del Tren Maya, ¿quién se encargará de representar a la oposición a este proyecto? Si sólo escuchamos en los medios argumentos a favor del Tren Maya, será una consulta inequitativa.
El frecuente llamado a las urnas produciría inevitablemente un cansancio electoral; es decir, a la enésima consulta, los ciudadanos probablemente se abstendrán vaciando de contenido a los ejercicios de esta índole. Sería irónico, y lamentable, que la democracia participativa se distinga por la participación de sólo unos cuantos. Por ello es fundamental que se establezca un mínimo de participación ciudadana (hoy la Constitución exige un mínimo de 40% de participación de la lista nominal) para que sus resultados sean vinculatorios. No es fortuito que se hayan ligado las consultas a los comicios constitucionales: en elecciones presidenciales como en las intermedias, la afluencia siempre supera ese umbral constitucional. Una consulta realizada conforme a los lineamientos actuales generará (casi) siempre un resultado vinculatorio. Pero si se realiza en años diferentes a los comicios constitucionales, difícilmente superará el umbral establecido. Y si se disminuyen los requisitos en cuanto a participación para que una consulta arroje un resultado vinculatorio, entonces estará sujeta a las mismas críticas que se vertieron en la consulta del NAICM.
Si bien es posible que en una consulta se planteen más de dos alternativas, por lo general tiene una estructura dicotómica: a favor o en contra, sí o no. Por diseño, la consulta divide a la población en dos bandos. Se trata de un diseño institucional proclive a la polarización. Esta no siempre se presenta, ya que su aparición depende de otros muchos factores como la importancia del tema, la politización del mismo, el tamaño de intereses afectados, etc. Pero hay casos como el del Brexit, o de los movimientos separatistas en general, donde las fuerzas centrífugas son alentadas precisamente por la existencia de estos mecanismos.
El carácter dicotómico de las consultas les confiere un espíritu similar al de la segunda vuelta. En efecto, genera un resultado mayoritario, pero al mismo tiempo permite coordinar a la oposición en torno a una de las alternativas que se presentan. Esto será particularmente relevante en el sexenio por empezar, ya que muchas de las propuestas que serán sometidas a consulta están íntimamente ligadas al proyecto lopezobradorista. Si alguna de sus propuestas resultara divisiva, sería más fácil que la oposición se coordinara en la opción contraria a la del gobierno. Más aún, en el momento en que el nivel de aprobación presidencial disminuya, se dificultará movilizar a la base lopezobradorista para alcanzar el umbral de la mayoría absoluta que requiere una consulta. El uso estratégico de las consultas demanda entonces que se realicen al inicio del próximo sexenio, en el periodo de “luna de miel” del primer mandatario con la ciudadanía.