Las encuestas muestran amplio respaldo a la batalla contra el robo de gasolina y tolerancia ante el desabasto. Dado que esta lucha apenas inicia, van algunos apuntes para entender a la opinión pública en este momento y los posibles derroteros que pueda seguir.
En primer lugar, los ciudadanos están formando su opinión en un contexto de escasa información. Las principales piezas podrían resumirse en que se trata de una política impulsada por el nuevo gobierno de AMLO, que busca combatir el desmedido robo de gasolina y que, para evitarlo, se han cerrado algunos ductos lo que genera escasez de gasolina en varias ciudades del país. Incluso entre expertos existen interrogantes sobre los cómos, los cuándos, los dóndes y los porqués de la estrategia. En este contexto de incertidumbre, los mexicanos básicamente emiten su opinión a partir de dos atajos cognitivos: el robo de gasolina y la figura de AMLO.
Al igual que con el combate al narcotráfico o a la pobreza, acabar con el robo de gasolina es un tema que genera consenso. El apoyo al objetivo es previsible y natural. En temas de consenso, la población respalda el objetivo pero suele dividirse en torno a la estrategia. Salvo en redes sociales, la discusión pública no se ha centrado en el debate de cuál es la mejor estrategia a seguir. Dicho de otra manera, en el tema del huachicol los desacuerdos en la opinión pública serán sobre la forma de acabar con él y no sobre el fondo del asunto (su combate).
Ante la falta de información, para muchos ciudadanos apoyar la lucha contra los huachicoleros se reduce a expresar o negar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. No se evalúa la acción per se sino a quien la realiza. Dada la popularidad de AMLO, y el objetivo que persigue, es comprensible que en este momento las encuestas reflejen un amplio respaldo al combate al huachicol.
Segundo, cuando una medida inflige costos entre la población por un largo periodo se debe apelar a un razonamiento intertemporal; es decir, los costos están en el presente y los beneficios están en el futuro. El lema utilizado por el gobierno, “una molestia momentánea para un beneficio permanente”, ilustra nítidamente esta lógica intertemporal. Pero este argumento también muestra los peligros que tiene una estrategia de esta naturaleza. Por un lado, el desabasto no debe durar mucho tiempo. Si lo hace, significa que la palabra empeñada no se cumplió, pero sobre todo tendría un gran costo para el país: contracción de la economía, mayor inflación, desabasto de perecederos, etc. A los costos directos (pérdida de horas-persona para cargar gasolina) habría que sumar los indirectos derivados del deterioro de la economía. Son costos, además, que los ciudadanos experimentan directamente por lo que la comunicación gubernamental resulta menos efectiva. A futuro queda la tarea de convencer a los ciudadanos de que el desabasto derivó en beneficios para la población. Los beneficios tendrán que ser visibles, de lo contrario la población se quedará con la impresión de que el esfuerzo fue innecesario.
Tercero, el gobierno federal eligió una opción extrema para combatir el robo de gasolina. Muchos ciudadanos leerán esto como un indicador de que el problema es más grave de lo que se pensaba. Al ocurrir al inicio del sexenio, también queda claro de que se trata de un problema heredado. Ello le permite al actual gobierno contar con un mayor margen de acción para enfrentar el “huachicoleo”. Por un lado, la población tenderá a culpar al gobierno pasado de este problema y, por el otro, le permite contar con una reserva de tolerancia ciudadana para capotear el descontento por el desabasto. Que el combate al huachicol se traduzca en éxito político, sin embargo, dependerá de la rapidez con que se solucione el problema de la escasez de combustible.