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El nuevo año invita a reflexionar sobre cómo contribuir para que a México le vaya lo mejor posible, en el contexto económico —nacional e internacional—, político y social que se vislumbra. El paquete económico presentado por la administración y aprobado por el Congreso creó en lo inmediato un sentimiento de tranquilidad, de que, cuando menos durante el primer semestre del año, la situación será de estabilidad. A pesar de eso, continúa la gran incógnita acerca del comportamiento de la inversión privada durante 2019, pues perdura el temor de que el gobierno tome inesperadamente decisiones dañinas de alto impacto.
La consecuencia es que, durante 2019, la opinión pública en general y los inversionistas en lo particular, nacionales y extranjeros, seguirán con lupa las acciones y las iniciativas de AMLO en lo político.
Se gesta la idea de que la administración del presidente López Obrador sigue una lógica ilógica que, en esencia, en vez de tomar medidas para corregir problemas relacionados con un asunto, lo que se hace es eliminar el asunto. Ejemplos socorridos de eso son que, para enmendar supuestos actos de corrupción vinculados con el NAIM, se cancela el NAIM; supuestos casos de corrupción en la operación del Seguro Popular, se resuelven con la eliminación/transferencia del Seguro Popular al Gobierno Federal; defectos u omisiones de la reforma educativa, con su cancelación y la eliminación del Instituto de Evaluación Educativa; grandes deficiencias en materia de las funciones de seguridad pública por parte de los gobiernos estatales y municipales, con la centralización y militarización de la seguridad pública a nivel nacional; insuficiencias en el desempeño de la Policía Federal, con su desaparición; falta de eficacia y corrupción de múltiples delegaciones estatales de las dependencias del Gobierno Federal, con su eliminación y la creación de “superdelegados” en un esquema de centralización. Y, como ejemplo primo, en vez de perseguir y procesar a los “responsables de huachicoleo (en Pemex y fuera de Pemex)”, lanzar un operativo basado en dejar de utilizar la red de poliductos de Pemex (por la que se transportan del orden de 75% de las gasolinas y 68% del diésel en el país) para utilizar más autotanques, por medio de los cuales se transporta del orden de 10-13% de esos combustibles; en vez de eso se decide prácticamente suspender la distribución de combustibles, lo que ha afectado a millones de consumidores. Por cierto, el robo de combustibles no sólo se da por tomas clandestinas en ductos, sino también por el robo de autotanques.
Las mofas no se dejaron esperar en las redes sociales. Una particularmente ilustrativa es que para evitar robos a quienes retiran del cajero de un banco automático, mejor suspendemos el servicio de cajeros.
La implantación gradual de esa nueva lógica que se extiende, tiene preocupados, y hasta asustados, a segmentos importantes de la población, mientras que otros todavía no se dan cuenta de cómo se verán dañados por medidas derivadas de ésta.
La línea de todas esas acciones también podría responder a un afán de eliminar todo lo anterior a AMLO, lo que hereda.
Sería injusto atribuir ese modo de razonar exclusivamente a AMLO, porque sólo se prevalece con la concurrencia de colaboradores y asesores. El presidente es proclive a generalizar, y poco afecto a distinguir; las modalidades de huachicoleo en un tramo de ducto específico no se aplican a todo el sistema de ductos. El gabinete ampliado es responsable de introducir precisiones y matices, para evitar ser corresponsables, lo que hasta ahora no se percibe.
En materia de eficiencia de gobierno, 2019 arrancó mal. ¿Cómo rescatar las propuestas valiosas de AMLO de esta avalancha de errores?
Presidente de GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA
