Gobiernos van y vienen, y apenas rozan los problemas más urgentes de México. Ahora cuando inicia otro, que plantea una cuarta transformación, a imaginar, ocupa señalar temas que permanecen casi intocados.
El primero es el de la dinámica demográfica de México, objeto de esperanza y preocupación. Del bono demográfico, que inició en 1980, cuando el coeficiente de dependencia alcanzó 0.95, comenzará a perderse a partir de 2030, cuando el coeficiente de dependencia aumente. La decisión de política pendiente es en qué grado se “obligará” a las generaciones jóvenes a mantener a las mayores debido a que a estas últimas no se les indujo a ahorrar más (el SAR está quebrado). Específicamente, los cuentahabientes hacen aportaciones a sus cuentas de ahorro de sólo 1.125% que, a pesar de ser complementadas por aportaciones de los patrones, resultan claramente insuficientes para un sistema de ahorro para pensiones “dignas”. Este asunto está pendiente, desde que se creó el SAR.
La “precariedad fiscal” encabeza la lista de pendientes: la inversión pública insuficiente, la falta de salud universal, la escasez de escuelas de tiempo completo, la mala calidad de la educación, la insuficiencia, incompetencia y corrupción de los ministerios públicos y de los juzgados, la falta de cuerpos de seguridad entrenados, bien remunerados, bien equipados, y bien organizados que protejan a personas, bienes y derechos, las carencias de agua de calidad y de saneamiento suficiente, las infraestructuras urbanas colapsadas, y más, constituyen el verdadero “déficit social” a enfrentar, que es de naturaleza y gravedad muy superiores al “balance primario”, que se ha ensalzado más allá de lo razonable (el gasto total de México equivale a 24.7% del PIB, en comparación con 40.7% en la OCDE).
El Estado de Derecho es una condición indispensable para sustentar el desarrollo económico y, más importante aún, para lograr el bienestar de los ciudadanos, pues gobiernos y ciudadanía están sometidos a la Ley. En ésta, se establecen límites a la acción gubernamental, se reivindican los derechos y libertades de los ciudadanos, y los conflictos se resuelven en los tribunales. Se precluye el ejercicio del poder arbitrario, pues privilegia la igualdad de todas las personas ante la ley, y de la sujeción de gobernados y gobernantes a lo que dicten tribunales. Más que en otros ámbitos de la acción del gobierno, en éste es indispensable la guía y el ejemplo de los gobernantes. Eso es lo que siempre ha faltado en México. Cuando las instituciones gubernamentales incumplen por igual las leyes y demás disposiciones, el resultado es una implosión social hacia la configuración de grupos de interés, gremios, sectores o tribus. Hoy esto es motivo de gran preocupación pues, por ejemplo, se plantea realizar consultas fuera de lo que marca la Constitución, y se avalan candidaturas y nombramientos que no satisfacen los requisitos de ley.
El federalismo mexicano, colapsado y disfuncional, no ha recibido atención integral de los gobiernos desde 1978 (lo fiscal) y 1992 (lo educativo). Salvo contadas excepciones, el sistema convirtió a los gobernadores en gestores “pedinches” de la Federación. Ninguno recauda, y sólo extienden la mano por recursos al gobierno federal. En educación y salud, con el pretexto de “administrar”, convirtieron los sectores en botines para la corrupción. En seguridad, rehúyen responsabilidad y la derivan a la Federación. Los municipios están desamparados o, más bien, al amparo del crimen. En los hechos, no hay gobierno. Lo preocupante es que desde la perspectiva de la próxima administración, la solución no es reconfigurar el sistema federal, sino desarticularlo. La visión centralista arrancó con fuerza, a partir de la designación de los “súper delegados” estatales, todos de probada convicción morenista.
Hace dos días se conoció que México perdió un par de peldaños en el índice de competitividad, debido a sus insuficiencias en seguridad y corrupción. Los cuatro aspectos señalados subyacen esas deficiencias. Hace falta que la próxima administración precise sus objetivos y estrategias, en éstos y otros temas, en lo que Lorenzo Meyer en estas mismas páginas definió como la indispensable tarea de elaborar su hoja de ruta.
Presidente de GEA Grupo de
Economistas y Asociados / StructurA
