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Uno de los asuntos más importantes que Peña Nieto no abordó durante su administración es el federalismo mexicano. Diversas voces, en reiteradas ocasiones, señalaron la importancia de actuar en esa materia, dado el grado de disfuncionalidad del modelo actual. A pesar de la importancia del tema para el país, nada sucedió.
Ahora están en gestación cambios muy de fondo a nuestro federalismo, planteados por el Presidente electo López Obrador, que incidirán en múltiples aspectos de la vida pública. Su propuesta no es fortalecer el federalismo sino, por el contrario, moverse hacia una organización centralista. Los principales elementos son la creación de los “súper delegados”, una estrategia de seguridad pública basada en la preponderancia del gobierno federal, por medio de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. También inciden en aspectos presupuestales de estados y municipios, entre otros ámbitos.
La reacción no se hizo esperar. Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, tomó la iniciativa y el liderazgo en la materia. A partir de un espléndido pronunciamiento, respetuoso, pero muy crítico, señala cómo la propuesta centralista de AMLO vulnera el pacto federal en general, y en particular para Jalisco. Recuerda que en el artículo 40 de la Constitución mexicana se establece que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida en los principios de esta ley fundamental”.
También señala, justificadamente, que en el marco del pacto federal mexicano, siempre se ha privilegiado la conciliación y la concertación entre la Federación y los gobiernos estatales para encontrar soluciones a los diversos asuntos, y que esto no puede sustituirse por un “mayoriteo legislativo”. El espíritu de la República es el diálogo y trabajo conjunto de los tres ámbitos de gobierno, no subordinar a las entidades federativas y a los municipios a decisiones cupulares de la mayoría legislativa.
Asimismo, plantea el conflicto que surge de la propuesta de AMLO de “perdón y olvido a los corruptos”, ya que los gobernadores y autoridades municipales electos tienen la obligación de cumplir con sus leyes y perseguir los delitos de corrupción que se identifiquen.
Sorprende la falta de reacción por parte de otros políticos, en especial gobernadores. Hay doce gobernadores del PAN (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Veracruz y Yucatán) que no han levantado la voz sobre esta situación, con excepción de Javier Corral, de Chihuahua. Los doce gobernadores del PRI (Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y Zacatecas) tampoco han actuado sobre esta problemática tan relevante.
En conjunto, como Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), no han hecho ningún pronunciamiento respecto a la tendencia centralista del próximo gobierno.
Es muy probable que la expresión de Enrique Alfaro sea una muestra de que se ha agotado también el convenio de coordinación fiscal, que data de 1978. Su característica central, dejar a la Federación prácticamente toda la responsabilidad recaudatoria, ha traído consigo la precariedad fiscal general en el país, en particular porque los gobiernos estatales y municipales prácticamente no recaudan. ¿Cómo embona la visión centralista del próximo gobierno con la distribución de facultades en materia tributaria y de gasto? Hasta ahora, el próximo gobierno ha subrayado que “no habrá más impuestos”, por lo que en los hechos carece de una propuesta de política y coordinación fiscal.
Es paradójico que un gobierno que se autocalifica como liberal impulse una política en extremo centralista. En la historia de México han sido los liberales quienes han impulsado y defendido el federalismo, todo lo contrario a lo que se proclama hoy.
La puntualidad, efectividad, y firmeza del pronunciamiento de Alfaro, también arrancó el proceso político de la sucesión presidencial de 2024, perfilándose él como el primer candidato.
Presidente de GEA Grupo de
Economistas y Asociados / StructurA
