La semana pasada, a raíz de los ataques con explosivos en Sri Lanka, la isla-nación suspendió la operación de todas las plataformas de redes sociales para que no fueran usadas por los terroristas para hacerse propaganda y generar pánico, así como para evitar, entre usuarios, la diseminación de información falsa.
El gobierno de Sri Lanka ya había bloqueado, en marzo de 2018, las plataformas digitales para evitar la propagación de videos de odio contra musulmanes. En aquella ocasión sólo lo hizo por tres días. Pero ahora, luego de un atentado masivo contra cristianos, y dada la experiencia regulatoria del año pasado, el presidente de ese país, Maithripala Sirisena, cerró todas las plataformas digitales. Desde un punto de vista de seguridad, la operación electrónica está siendo valorada como exitosa. Y a una semana de los atentados, la restricción sigue vigente contra Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube.
En Nueva Zelanda, cuando hace un mes atacaron una mezquita y el terrorista estaba grabando y transmitiendo en vivo el ataque vía Facebook Live, el gobierno no ordenó censurar a las redes. Aquí, los usuarios se quejaron masivamente de los videos de odio circulando y las propias plataformas se autocensuraron. Pero esto tardó poco más de 24 horas. Además, Facebook puso en operación una nueva tecnología experimental basada en audios para identificar y bajar de la red las variantes que del video original habían subido otros usuarios.
El episodio no fue exitoso en redes sociales y todos los esquemas de alertas y moderadores de éstas fracasaron en Nueva Zelanda y todo el mundo, pues los videos se viralizaron.
Con esto se reabre a nivel mundial el debate sobre si las redes sociales deben estar reguladas.
Sin embargo, en varios países como Egipto, Argelia o el Congo, la regulación se usa para censurar no sólo actos de terrorismo, sino cualquier evento que incomoda a los regímenes en turno. Por ejemplo, tan sólo este año en Venezuela, vía la empresa estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, se han censurado 18 veces las redes sociales.
En México, hay regulación para que, por riesgos a la seguridad o defensa del territorio, la conservación del orden público o cualquier emergencia, el gobierno tome el control de las estaciones de radio y televisión. Esto a través de los Boletines de emergencia y las Cadenas Nacionales. Para los mismos supuestos de riesgo, el gobierno puede también tomar el control de empresas de telecomunicaciones (telefonía o internet), esto vía la requisa.
Pero no hay nada en México que pueda ordenar regular a las plataformas sociales tipo Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter. Así, no hay normatividad expresa y fuentes consultadas en la Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señalaron que en los planes de contingencias por emergencias no hay previsión alguna respecto a redes sociales. Además de esto, el artículo 6° de la Constitución establece que sobre medios de comunicación no puede haber censura previa.
No está de más reflexionar y legislar en México sobre el tema de emergencias y el uso de redes sociales. Sé que es un tema sensible, pero, de no hacerlo, se corre el riesgo de que funcionarios públicos se den atribuciones indebidas y, como está sucediendo en varios países, censuren a las redes sociales de manera discrecional y arbitraria. Ahí están, por ejemplo, las quejas de ayer del Presidente contra los “bots en las benditas redes sociales” y la falta de ética de Facebook y Twitter.
Legislar sobre el tema significaría abrir un debate público, el aval de varias fuerzas políticas y la probable revisión de lo aprobado por el Poder Judicial Federal, además de contar con esquemas en todos los medios de comunicación para poder procesar emergencias. En cambio, no legislar nos pone en el supuesto de la improvisación y de la discrecionalidad. Las emergencias habrán de venir y claramente el Estado mexicano no está preparado para ellas.
Facebook, Twitter y Google fueron consultados para este artículo. Sólo Facebook contestó que tiene un plan de contingencia y compartió algunas de las herramientas que está desarrollando para estos fines, pero como país no podemos estar sólo a la buena voluntad de las empresas extranjeras que hacen millonarios negocios aquí. Veremos qué acontece.
Cambiando de tema…
En otros asuntos digitales, el gobierno de la Ciudad de México no está siendo exento de los conflictos de Apps —tipo Uber o Cabify— con el transporte colectivo tradicional. Ahora, un movimiento de taxistas amenaza con cerrar varias vialidades primarias en la ciudad, el próximo 3 de junio, al quejarse de diferencias regulatorias. Una prueba más de que no legislar oportunamente y poner reglas de convivencia claras lleva a escenarios indeseables.Twitter: @JTejado