El réquiem -en latín, descanso- se refiere a las misas que se hacen por los difuntos (un ruego a las almas de los muertos) en las iglesias católica, anglicana y ortodoxa.
Y es que todo indica que estamos por ver el final de los órganos autónomos del país, como hoy les conocemos. Por éstos me refiero, desde al Banco de México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta al Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunos.
Si bien estos organismos enfrentan riesgos importantes como los intentos legislativos para sectorizar a algunos de ellos en el gobierno central, la idea de crear nuevos esquemas organizacionales para que sus áreas administrativas y legales dependan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica de la Presidencia, respectivamente, la posibilidad de que varios de estos órganos pierdan buena parte de sus funcionarios más preparados ante el cambio de gobierno y la prospectiva de menores salarios, el mayor reto a su continua existencia son ellos mismos.
Me explico: hace dos meses el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Luego de ésta, la mayoría de los órganos autónomos de este país se reunieron para afinar una estrategia legal a efecto de no perder capacidad decisoria ni autonomía presupuestal.
Todavía, a manera de “ayuda”, el actual presidente de la República no publicó en el Diario Oficial de la Federación la citada ley, lo que en los hechos les dio a estos órganos más tiempo para definir acciones a seguir. Hoy, a dos meses exactos de su aprobación y a una semana de su publicación, nadie se anima a hacer algo. Todos están evaluando opciones, pero sobre todo quieren que alguien más vaya primero a enfrentar al Congreso de mayoría morenista y al nuevo gobierno federal que entra en funciones en dos semanas.
Hay varias opciones que se han estudiado: la primera, que un tercio de legisladores de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta es la opción que más quisieran que ocurriera los órganos autónomos, pues les evita el desgaste a ellos, pero la realidad es que el PAN no logra por sí solo conseguir las firmas necesarias, el PRI les ha dado largas y Movimiento Ciudadano, el PRD y el PVEM han dicho que no van a apoyar la acción. Así que, juntar esta minoría opositora en el Senado se ve difícil. Y en la Cámara de Diputados los números son aún más desfavorables para la oposición.
La segunda opción es que los órganos autónomos presenten controversias constitucionales, también ante la SCJN, pero ninguno se ha animado. De hecho, el primer organismo que dejó de ir a las juntas de análisis fue el Banco de México. Aquí, además, para no “entrarle”, los abogados de los órganos autónomos discuten cuál es el tiempo adecuado para presentar litigios y alargan los plazos al año entrante.
La única dependencia que tiene previsto ir a un litigio estratégico es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por invasión de facultades. Es cierto que la CNDH tiene más márgenes legales pues está facultada para presentar acciones de inconstitucionalidad.
El Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal y todos los órganos autónomos del país de manera institucional al parecer no harán nada. Sólo la CNDH.
Así que ni siquiera es un tema de leyes (que no están dispuestos a impugnar), es un tema de voluntades. Ningún organismo autónomo del Estado mexicano está dispuesto a defender su autonomía, se han derrotado antes de que entre el nuevo gobierno. Y es muy sencillo: si los funcionarios a cargo de los órganos decisorios del país no van a hacer que se respete su esfera de autonomía, y si ni siquiera van a pelear por los salarios con los que viven sus respectivas familias, es imposible pensar que van a defender su mandato legal de injerencias desde el gobierno. Justamente, están cediendo la razón misma de su existir. Morena no les va a matar. Los órganos autónomos van a cometer suicidio.
Dado lo anterior, quizá sea mejor que los organismos autónomos que se han creado en el país en los últimos 25 años dejen de existir. Nos estaríamos ahorrando mucho dinero y evitando simulaciones. Ya mejor que el gobierno federal sea responsable directo de lo que acontece en el campo de acción de cada uno de ellos. Estamos ante un cambio de régimen y si los órganos autónomos del Estado no van a defender su marco legal, quizá sea mejor buscar un nuevo modelo de administración pública, más acorde a la realidad.
Cambiando de tema: 1. Telefónica y el pleito por millones:
la semana pasada le comentábamos del amparo que Telefónica Movistar esperaba recibir por parte de la Suprema Corte, para obtener una compensación por millones de pesos: la devolución de 7 mil 800 millones por derechos por el uso del espectro pagados entre 2016 y 2018, más ahorros adicionales –por toda la vigencia de las concesiones que próximamente le serían prorrogadas por un periodo de 20 años a partir de 2019- por cerca de otros 25 mil millones, expresados en valor presente neto.
La primera Sala de la Corte votó cuatro a uno contra el proyecto que amparaba a Telefónica y lo regresó al Tribunal Colegiado para que estudiase causales de improcedencia. Con lo que la decisión del Poder Judicial Federal, sobre el pago de contraprestaciones, que está combatiendo Carlos Morales, director de Telefónica en México, deberá esperar algunos meses. Incluso es probable que el tema regrese a la Corte.
Los recursos que esperaban le fueran devueltos, más lo que se ahorrarían en pagos futuros, equivalen a lo que Telefónica ingresa en 15 meses de operación en México. Esto pues en el tercer trimestre de este año, sus 25 millones de usuarios le generaron 6 mil 400 millones de pesos. Así que, si bien estos miles de millones de pesos que Telefónica está litigando son “oxígeno puro” para su caja, la afectación al Presupuesto de Egresos de la Federación, también hubiera sido importante.
Del tema le estaremos informando con toda puntualidad. Así como si se llegasen a presentar iniciativas legales, cambios de criterio o resoluciones judiciales que hagan más eficiente y menos oneroso el brindar servicios de telecomunicaciones en el país. Como están las cosas, al día de hoy, tanto operadores de telecomunicaciones, como usuarios de sus servicios, enteran a la Federación por concepto de derechos por el uso de espectro y por impuestos especiales (IEPS), cerca de 24 mil millones de pesos al año.
2. Nuevo director en AT&T: la empresa americana que brinda telefonía celular en México está iniciando una reestructura, su tercera en igual número de años operando en el país. Destaca la llegada de Laurent Therivel, quien sustituye a Kelly King. Hay que reconocer que King logró dejar atrás las marcas de Unefon y Iusacell para consolidar todo en AT&T, a la par de instrumentar políticas de atención y calidad en servicios homogéneas. De hecho, se espera que con los nuevos sistemas que dejó implantados mejore sensiblemente la atención a clientes, pero hay que señalar que apenas los directores de AT&T se familiarizan con las particularidades de la clientela en México y sus reguladores, es cuando les cambian.
Twitter: @JTejado