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El trimestre pasado (enero-marzo 2019) terminó siendo el más mortífero en el país en cuando menos los más de 20 años en los que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva registro. La cifra de 8 mil 737 muertos, en sólo tres meses, es la de un país en guerra. Un incremento de 9% sobre el primer trimestre del año anterior.
Estos números, aunados a las desgarradoras imágenes que el fin de semana se viralizaron en redes sociales, tomadas luego de los atentados en Minatitlán, Veracruz, y en Comalcalco, Tabasco, complicaron la percepción hacia el gobierno federal.
Mucho de lo que está aconteciendo no puede ser culpa de la actual administración, emanada de Morena. En cuanto a temas de seguridad, hubo varias fallas en los últimos gobiernos federales que han hecho que hoy la espiral de violencia siga en ascenso.
También hay mucha culpa de los gobiernos municipales y estatales. Y es aquí donde se le vuelve a complicar a Morena, pues la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta que las plazas que registran un mayor sentimiento de inseguridad son —en 9 de 10 casos— gobernadas por ese partido político: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Coatzacoalcos, Ecatepec, Región Norte-CDMX, Tlalnepantla, Naucalpan y Tuxtla Gutiérrez (del top 10 de inseguridad, sólo Reynosa es gobernada por el PAN).
Con estos números tan altos de violencia, la migración desbordada y hechos armados en la frontera con Estados Unidos —que van desde militares mexicanos desarmando, por error, a militares estadounidenses del lado americano, según reportó CNN, hasta guardias paramilitares norteamericanas deteniendo a migrantes (cuyo líder luego fue detenido por el FBI), según reportó el NYT— hay un gran caldo de cultivo para que en el vecino país del norte vuelvan a la cargada contra México, dadas sus próximas elecciones presidenciales. Y no les faltará razón.
En esta nueva oleada de retórica antimexicana, el muro volverá a ser una cantaleta. De hecho, varios funcionarios de la Casa Blanca hace casi un año revelaron en una reunión con directivos de medios de comunicación latinoamericanos afiliados a la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) que su principal preocupación era que Estados Unidos no podría soportar una migración masiva de mexicanos hacía ese país dada la creciente ola de inseguridad que veían venir. Y si, además, la inseguridad se vinculaba a un deterioro en lo económico, estimaban una migración sin precedentes desde México.
Incluso, señalaron que habían analizado las migraciones más importantes en años recientes, provenientes de fracasos de gobiernos, como las que se habían registrado desde Venezuela hacia Colombia y Estados Unidos, o la de Nicaragua hacia varios países centroamericanos y también Estados Unidos.
Así que, la posibilidad de un fracaso del gobierno mexicano, evidenciada por la inseguridad y el retroceso económico, con su consecuente migración, era la razón principal por la que desde hace meses planeaban la construcción de un muro fronterizo. Todos los invitados a la reunión, entre ellos varios mexicanos, se quedaron sorprendidos ante la frialdad del diagnóstico, aunque en su momento lo tacharon de excesivo.
A casi un año de esa reunión, en la que ya se preveía el triunfo del entonces candidato López Obrador, parece que el análisis y sus escenarios no eran tan descabellados.
El gobierno federal tiene poco tiempo para hacer ver a republicanos y demócratas que tiene el control del territorio nacional y alguna estrategia para contener la delincuencia. El plazo será a finales de agosto, justo cuando inicien las discusiones en el Congreso de Estados Unidos para ratificar el nuevo tratado de libre comercio (T-MEC). A partir de ahí, la narrativa de la seguridad nacional de ese país tomará preeminencia entre todos los políticos estadounidenses. Y no es buen momento, pues según adelantó ayer el especialista Alejandro Hope, durante los veranos siempre aumenta la violencia en el país, con lo que podríamos superar 9 mil muertos en un trimestre, ¡lo que equivale a 100 muertos cada día!
Además, la actual administración, por instrucción presidencial, ha ayudado a deconstruir su propio aparato de seguridad con dos medidas: 1) le ha pegado a la moral de los funcionarios de seguridad al bajarles los salarios a rajatabla; y, 2) los funcionarios de áreas de inteligencia empiezan a dejar de hacer reportes y compartir información institucional por la incertidumbre que les provoca la política de hacer públicos expedientes de la DFS y del CISEN.
Con todo lo anterior, algo estará viendo el responsable civil de la seguridad pública, Alfonso Durazo, quien luego de la matanza en Minatitlán, hizo un llamado a la unidad (el único secretario de Estado que en los cuatro meses que lleva el gobierno se ha pronunciado en ese sentido). Durazo, un político experimentado y sensible, seguramente ya midió el reto que se avecina y está consciente de que con la estrategia de polarización que traen la mayoría de sus compañeros de gabinete, no van a llegar muy lejos.
Así, el gobierno federal suma ahora su mayor desafío: resolver la alarmante inseguridad. Para ello, el Presidente se autoimpuso ayer un plazo de seis meses. Plazo que, dirán algunos, es poco tiempo para semejante reto, pero la realidad es que la ventana para atender el tema es menor por las audiencias de ratificación del T-MEC, a lo mucho de cuatro meses. De lo contrario, el T-MEC estará en riesgo, con todo lo que conlleva, y el muro podría dejar de ser una ocurrencia retórica.
Finalmente, no deja de ser una lástima que cualquier tema en la agenda nacional sea impuesto por el calendario o los intereses del Congreso de Estados Unidos, pero la crisis de inseguridad ha llegado a tales niveles, que todas las iniciativas para mejorar los márgenes actuales acaban siendo bienvenidas.
