Más Información
El fin de semana se posicionaron tendencias en redes sociales que atacaban a los jueces: #RenovarPoderJudicalYa y #HampaDeLaSCJN. Éstas tuvieron un alto comportamiento no orgánico y las cuentas que las apoyaron también han aparecido para impulsar otras tendencias como #AMLOEstamosContigo, según un documento generado con la herramienta de medición digital Xpectus.
Estas menciones surgieron luego de que se conociera que varios jueces y magistrados habían suspendido obras en el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía (el proyecto del actual gobierno) por no contar con permisos elementales de medio ambiente, antropología y seguridad aérea. Y, a la par, habían dictado medidas para preservar —lo que lleva construido— el proyecto de Texcoco (el NAIM del anterior gobierno).
Horas después, también mayormente de manera no orgánica, se posicionó otra tendencia: #YoTambiénApoyoElAmparo en defensa de las decisiones antes señaladas de los jueces.
Sin embargo, la batalla no es nada más en el ciberespacio. En el periodo extraordinario del Senado de la República, que inicia hoy, estará a votación la minuta de “Ley de Austeridad Republicana” que podría afectar los fondos y fideicomisos de universidades públicas y centros de investigación, pero también los recursos para los fondos de retiro de los jueces y magistrados federales. Una herramienta básica para controlar la corrupción en todo el mundo: si ejerces la impartición de justicia apegada a derecho, al final de muchos años de servicio, recibirás un fondo para vivir con decoro el retiro. Si te corrompes —y te atrapan— la garantía de seguridad económica vitalicia desaparece. Este insumo clave para tener jueces federales profesionales y honestos, como creo que son la mayoría, está en riesgo.
Así, el Poder Judicial de la Federación está librando varias batallas y no parece que estos ataques provengan directamente del Presidente de la República. De ser así, no se explicaría que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador haya tenido al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y al Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, también de la SCJN, en instalaciones militares dando un fuerte, claro e inusual discurso de cómo las Fuerzas Federales y la nueva Guardia Nacional tienen que comprometerse a respetar los Derechos Humanos y todo un régimen de legalidad frente a los hechos delictivos.
De lo contrario, se les advirtió, “seguirá la impunidad”. Con ello, el presidente de la Corte ya les adelantó de manera directa que no habrá jueces a modo frente a detenciones y presentaciones irregulares de presuntos delincuentes.
También habla bien de la Corte —y en particular de sus dos nuevos ministros, ya propuestos por López Obrador— que ha venido fallando en contra de leyes que aprobó Morena y que son de interés del propio Presidente: ahí está el fallo que declaró inconstitucional la baja de salarios de servidores públicos a partir del emolumento que se autofijó el propio López Obrador. Ahora el Congreso tendrá que volver a legislar al respecto y hacer una metodología para definir cuánto deben de ganar los servidores públicos, empezando por el Presidente.
Pero también está el fallo de ayer en la Corte que declaró inválida la reforma judicial de 2017 en Ciudad de México, misma que le daba a la mayoría de Morena en el Congreso capitalino el control de todos los juzgados en la CDMX a partir de un “Consejo Judicial Ciudadano”, mismo que ayer la Corte declaró inconstitucional al afectar la autonomía de los jueces en la capital del país. Lo que también es una prevención para que no intenten hacerle lo mismo al Consejo de la Judicatura Federal o al Comité de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, dado que hay proyectos en ese sentido circulando entre legisladores del bloque oficialista.
¿Quién está atrás de los ataques? Éstos parecen venir de integrantes del gabinete federal y también de legisladores de Morena. En el primer supuesto, hay unas dependencias que están frustradas por no poder avanzar, por impericia, sus respectivas agendas; pero hay otras que están alarmadas con las redes de tráfico de influencias enraizadas en juzgados federales.
Por parte de los representantes populares en el Congreso, esto se ha vuelto una “caja de resonancia” de lo que escuchan en el gabinete federal. Aunque también, hay varios legisladores que están ofendidos por el comportamiento indebido y exagerado que han mostrado algunos integrantes del Poder Judicial Federal.
En este contexto, como nunca antes con un gobierno revolucionado, un Congreso ocurrente y una sociedad polarizada, los jueces federales están llamados a cuidar el Estado de derecho y a poner orden en la relación entre autoridades y personas, pero también entre las mismas autoridades. Este será el gran momento para saber si en México se ha consolidado un verdadero Estado de derecho con pesos y contrapesos entre Poderes. Hay signos alentadores, pero muchas cosas están aún por verse.
