En marzo de 2015, Carmen Aristegui dejó de transmitir en MVS Radio. A decir de ella y su equipo fue censurada por la transmisión de varios reportajes relacionados con funcionarios públicos del sexenio pasado. A decir de MVS su contrato fue terminado por una serie de exigencias y litigios en materia de derechos de autor.
Con información recientemente transparentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y acceso a reportes de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) hay indicios de que —como varios periodistas independientes cercanos a Carmen Aristegui denunciaron— sí habría datos suficientes para pensar que se trató de un acto de censura oficial bien retribuido.
Y es que luego de su despido, MVS empezó a concretar una serie de operaciones vinculadas a entidades gubernamentales que le fueron de un importante valor comercial. Todas de inusual valor y todas relacionadas con recursos públicos. Operaciones que, además, ningún otro gobierno les había querido autorizar. Al contrario, los gobiernos de los presidentes Zedillo, Fox y Calderón le frenaron, al considerar que lo solicitado equivaldría a lucrar indebidamente con bienes del dominio público.
En concreto, MVS logró incrementar sus recursos por tres vías:
Primero: lograron que se les asignara una millonaria pauta de publicidad oficial del gobierno federal. Muy por encima de lo que recibían cuando tenían a la periodista. En los años previos al despido de Carmen Aristegui recibían 62 millones de pesos al año por parte del gobierno federal. Una vez que se fue la periodista, tuvieron un incremento de más del doble: 130% (a partir de abril de 2015 recibieron 114.6 millones; en 2016 fueron 150 millones; en 2017 fue de 139 millones y en 2018 otros 176.4 millones, según los datos de la SFP). Así que, post marzo de 2015 les entregaron la cantidad de 580.4 millones de pesos por publicidad oficial.
Además, ningún otro grupo de radio tuvo el incremento (de triple digito) semejante al de MVS en esos cuatro años. Después de MVS, el incremento más importante fue el de Grupo Fórmula, pero este apenas creció 30% en cuatro años. Hubo otros que, en ese mismo periodo, decrecieron 39% como Radio Centro, que cuenta con mayor número de estaciones y audiencia.
Segundo: el espectro radioeléctrico de la banda 2.5 GHz, que en algún momento utilizó para su servicio de televisión de paga MasTV, y que dejó de usar cuando migró a sus suscriptores al sistema satelital Dish. Este espectro, en su momento, la Cofetel (desde 2008) lo trató de recuperar al tener muy pocos usuarios y la banda estar en desuso. No tuvo éxito. En noviembre de 2016, MVS anunció la venta de este espectro a América Móvil, operación que se concretó en 2017, por 5 mil 305 millones de pesos, según información reportada por esta última empresa en su formulario a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (anexo F-43.) Así, aquí también lograron lo que nunca antes había autorizado un gobierno: quedarse con espectro sin uso, especular con él y luego revenderlo sin ninguna ganancia para el Estado mexicano.
Tercero: desde 2000, la SCT había otorgado dos concesiones para dar TV codificada (de paga) en el Valle de México, en la banda UHF. Una concesión fue para Cablevisión de Televisa (canal 46) y la otra (canal 52) acabó siendo para MVS. Ambas tenían la restricción expresa de que jamás podrían ser utilizadas para dar TV abierta. Cablevisión, al no poder convertirla a TV abierta, le restó interés y la perdió en 2010. En cambio, MVS, con gestiones iniciadas en el sexenio pasado, consiguió que se le autorizara cambiarla a TV abierta, lo que tiene un valor, según la última licitación pública, de 426 millones de pesos.
Así que la suma de prebendas relacionada con recursos públicos asciende a más de 6 mil millones de pesos (6,311,441,689), misma que se obtuvo en los años posteriores a la salida de Carmen Aristegui de MVS. ¿Coincidencia?
MVS niega nexo entre la salida de Aristegui y sus ingresos extraordinarios. Además, la empresa está en todo su derecho de maximizar sus ingresos. Ese es su objetivo. Consultados al respecto, un vocero de MVS señaló que “en el sexenio de EPN fue cuando más cruentas batallas (legales) tuvimos”. Incluso, podrían argumentar que las decisiones involucraron al gobierno federal, pero también a veces al Poder Judicial Federal y a un órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero de expedientes judiciales revisados se desprende que nunca se ordena que pudieran conservar la valiosa banda de 2.5 GHz (y mucho menos venderla). Y tampoco que se ordenara les dieran TV abierta en el Valle de México.
El problema es el uso de recursos y bienes del dominio público que el anterior gobierno utilizó discrecionalmente, y algunos dirían, para silenciar a una periodista que se volvió incómoda. Ojalá eso no vuelva a pasar. Cuando menos en materia de publicidad oficial hay un nuevo marco legal que por primera vez se usará este 2019 y fomenta criterios de transparencia y eficiencia en la contratación gubernamental. Por lo que respecta a los funcionarios, con que respeten su investidura y defiendan el interés público es probable que haya menos cuestionamientos, como los arriba presentados.