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El viernes pasado se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por acusaciones de corrupción y delincuencia organizada respecto del caso Odebrecht en México. La novedad es que, en relación con la misma acusación, la FGR también obtuvo órdenes de aprehensión contra la esposa del exfuncionario, Marielle Eckes, su madre, Gilda Austin, y su hermana, Gilda Lozoya.
Las acusaciones que se han presentado ante un Juez de Control, dado que son por delincuencia organizada, no permitirían que Lozoya y su familia enfrenten el proceso en libertad-bajo fianza.
No es común que en México se arreste a familiares de políticos indiciados por algún crimen. Ninguno de los parientes de exfuncionarios o de exgobernadores presos, o que enfrentan algún proceso por caso de corrupción, han sido involucrados en temas penales. Sólo hay algunas excepciones:
*Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora, fue preso por delincuencia organizada. La entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la época del procurador Raúl Cervantes, se desistió de la acusación al hijo de Guillermo Padrés Elías toda vez que se habría dado cuenta de que, si bien recibía recursos de supuesta procedencia ilícita, Padrés Dagnino no habría tenido conocimiento de dónde provenían los recursos que le daba su padre. También, la PGR habría tenido un gesto humanitario con la familia, pero es un hecho que pasó nueve meses en prisión.
*Karime Macías de Duarte, esposa del exgobernador de Veracruz. Si bien está amparada, su presencia en juzgados de México también es requerida. Con una serie de litigios en México y en Gran Bretaña, ha evadido ser presentada ante la justicia de nuestro país. Sin embargo, parecería que este caso sólo fue escalado por las autoridades cuando los medios mexicanos dieron a conocer la lujosa forma en la que la exprimera dama veracruzana vivía en Londres. No parece que la entonces PGR, ni ahora la FGR, tenga mucho interés en hacerla comparecer.
El caso de Emilio Lozoya y su familia parece un parteaguas, pues se ha pedido orden de aprehensión contra varios de ellos. El eje que los vincula es que seguramente son cotitulares o beneficiarios de cuentas bancarias en donde la autoridad presume que llegaron recursos de procedencia ilícita. Para ser más claros, en donde cree que están los pagos ilegales que habría hecho Odebrecht a Lozoya en México, antes y durante su gestión como director general de Pemex.
Da la impresión de que la FGR está jugando rudo, al igual que lo hace la defensa del exfuncionario. Ya desde 2017, la PGR tenía muy avanzada la carpeta de investigación sobre los presuntos actos de corrupción de Lozoya Austin con Odebrecht. Incluso, el entonces procurador señaló el 16 de octubre de ese año, que el caso sería judicializado. En la procuraduría habrían encontrado cuentas del extitular de Petróleos Mexicanos y de sus familiares en varios países, particularmente en paraísos fiscales del Caribe y en Suiza.
Tal parece que, dado que Lozoya Austin ya estaría fuera del país, probablemente en Alemania, de donde es nacional su esposa y él en proceso de adquirir la misma nacionalidad, las posibilidades de una localización y extradición se ven complejas. Ante ello, la FGR —tal y como lo hacen los fiscales en Estados Unidos— estaría presionando para que el exfuncionario se entregue, a cambio de suavizar las investigaciones y/o penas a sus familiares.
La pregunta es si esta postura de la FGR es, por un lado, legal y, por el otro, ética. Respecto a lo legal, pronto sabremos si los familiares logran ser amparados o si, por el contrario, la Interpol los seguirá buscando en más de 180 países; respecto a lo ético, es más difícil contestar sobre un actuar así.
Es probable que, en México, una mayoría de personas estén a favor de este tipo de procesos, toda vez que hay un gran hartazgo frente a cualquier asunto relacionado con corrupción. Y en muchas ocasiones, los beneficiarios de estos actos acaban siendo los familiares de funcionarios y exfuncionarios.
El tema de la solicitud de arresto a los parientes de Lozoya debe dar pie a una discusión seria. Por lo pronto, parecería que las autoridades en México han iniciado, cada vez con más elementos, esa ruta de presión. Desde luego, no habría forma de presionar a familiar alguno si no tuviera o no hubiera hecho uso de recursos de procedencia ilícita.
Mientras jueces federales y fiscales en la FGR deciden cómo proceder en estos casos, una sabia recomendación a los familiares de funcionarios públicos es que pregunten de dónde viene el dinero que están utilizando y gastando. No vaya a ser que acaben en la cárcel.
En cierta forma, este tipo de obligaciones ya las tienen muchas otras personas, cuyos bienes se pueden relacionar o vincular con delitos. Por ejemplo, al rentar un departamento o un local, se tiene la obligación de saber quién lo renta y para qué fines. De lo contrario, se corre el riesgo de perderlo vía procedimientos de extinción de dominio.
Falta ver en qué concluye el proceso contra el exdirectivo de Pemex y su familia, pero es un paso importante para combatir la corrupción que los familiares de políticos y funcionarios estén conscientes de que corren riesgos si no saben de donde provienen los recursos que tienen a su disposición. Que se pregunte de dónde viene el dinero, también es un inhibidor de este tipo de actos.
Así, el debate jurídico y ético sobre el caso Lozoya tendrá amplias consecuencias y podría ser un catalizador para empezar a desmontar estructuras que se usan y nutren de la corrupción.
