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TECNORADIO.
Increíble pero esta historia sigue dando de qué hablar. El testigo social no observó con detalle el proceso de participación de Tecnoradio y tampoco la caída del sistema cuando inició la primera ronda de la licitación de FM; no se hizo un análisis de cómo afectó esto a las posturas y racionalidad de los participantes a pesar de que ambos factores -Tecnoradio y la caída inicial del sistema- incidieron de forma relevante en el proceso. Ahora, además, se suma a este asunto el citatorio que en calidad de testigos, no de denunciados, hiciera en días pasados la PGR a Joaquín López Dóriga y Javier Tejado Dondé quienes en su momento dieron a conocer la información de la relación de parentesco con socios de otras estaciones ya existentes, misma que desencadenó la descalificación de esta empresa de la licitación y la ejecución de la garantía de seriedad. Citar en procedimientos penales a personas en su calidad de periodistas, aún como testigos, no es un buen precedente para la libertad de expresión, amedrenta; de hecho los citatorios llegaron a los domicilios de Milenio y EL UNIVERSAL. ¿Qué podrán decir los periodistas en el proceso además de lo que publicaron si además no tienen obligación legal de revelar sus fuentes?
LICITACIÓN DE LA 2.5. GHZ
. Finalmente ya inicia la licitación de la polémica banda de 2.5 GHz. Se subastarán 120 MHz en bloques de 20 y tendrán cobertura nacional. Este espectro es de capacidad más que de cobertura, es decir, permite transportar mucha información pero su alcance no es tan alto comparado con bandas más bajas como la de 700 MHz que usará Altán en la red compartida; estas tienen más alcance de cobertura pero menor capacidad, caben menos datos. Las bases ya se pueden consultar en el sitio web ift.org.mx. La licitación, que arranca mañana con la presentación de manifestaciones de interés y preguntas, concluirá en septiembre con las actas de fallo de los ganadores. La subasta será electrónica mediante el SERPO, el sistema electrónico que ha venido usando el Instituto para las licitaciones. El valor mínimo de referencia, es decir el monto con el que arrancarán las posturas, será de 350 millones de pesos por bloque de 20 MHz y la garantía del doble, es decir, 700 mdp. Además, la licitación contempla incentivos para Altán del 30% en puntos. Otro incentivo que se contempla, es la opción de diferir el inicio de la vigencia de la concesión por dos años a elección del ganador, lo que les permitirá no pagar los derechos durante ese lapso. Por otro lado, se incluyeron tres obligaciones de cobertura a saber: Cubrir con tecnología 3G o mayor, utilizando cualquier banda propia o de terceros dentro de los primeros 4 años a partir de la notificación del acta de fallo: 1. Al menos 200 de las 557 poblaciones donde hoy no existe servicio móvil. 2. Los tramos carreteros de las Zonas Económicas Especiales. 3. Cubrir al menos 80% de la población de 10 de las 13 zonas metropolitanas con una población mayor a 1 millón de habitantes utilizando la banda de 2.5. GHz, dentro de los primeros 3 años a partir de la notificación del fallo. Por su parte Telcel solo podrá participar a partir de la segunda fase y por un solo bloque, hay que recordar que la empresa adquirió los 60 MHz que eran de MVS con cobertura de 75% de la población, en una polémica decisión del IFT en el que autorizó al preponderante sin imponer condiciones. No ha sido del todo bien recibido por la industria el incentivo que le han dado a Altán del 30% en puntos, ni las obligaciones de cobertura, que a mí no me parecen mal en absoluto. Pero lo que más molesta, y que no está en manos del Instituto sino de la Secretaría de Hacienda, es el monto que por derechos se tendrá que pagar anualmente, aproximadamente 350 mdp por bloque. Realmente todo el tema de derechos en telecomunicaciones amerita una revisión profunda, ahí tiene usted por ejemplo el hecho de que la ley no haya contemplado la exención de este pago a las concesiones comunitarias que ahora están en problemas por eso, como en San Miguel Huautla o San Juan Yagila en Oaxaca. No es previsible que el valor mínimo de referencia en la subasta suba considerablemente, de hecho es muy probable que se quede ahí pues los participantes son pocos: Altán, AT&T y quizás Movistar, quien incluso podría no participar. Veremos.
UBLICIDAD OFICIAL.
El 30 de abril próximo vence el plazo que otorgó la Suprema Corte de Justicia al Congreso para legislar sobre este tema fundamental para la libertad de expresión y el derecho a la información. Al respecto, las organizaciones Artículo 19 y Fundar han enviado sendas cartas al Comité de Participación Ciudadana del SNA para solicitar una reunión, y también al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica solicitándoles, además de una reunión, que se pronuncien sobre el tema para conciliar el camino que deberá discutirse en la confección de la ley. Esperemos que estos organismos autónomos sí se involucren aportando material a la discusión a fin de lograr que el contenido de la ley responda a las exigencias de años, sobretodo porque en estos tiempos políticos está claro el incentivo de no hacer una ley correcta.
En la sobremesa.
Con gusto les comunico que ahora escribiré en este periódico todos los lunes. Un lunes se publicará esta columna sobre temas de telecomunicaciones, y el siguiente escribiré en páginas nacionales sobre temas anticorrupción con el objetivo de darle visibilidad a la materia desde mi perspectiva como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del que formo parte, con gran orgullo y compromiso, desde el jueves pasado. Agradezco a EL UNIVERSAL su interés por estos temas. *Presidenta de Observatel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, académica de la Universidad Iberoamericana. Este artículo refleja la posición personal de la autora.
