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¿Qué le habrán dicho al Presidente López Obrador para que con tanto entusiasmo impulse el proyecto de la creación de una empresa 100% pública, filial de la Comisión Federal de Electricidad, que deberá dar conectividad y prestar servicios de internet en todo el territorio nacional (sic)? ¿Sabrá que la red de fibra óptica de la CFE no es ni cercanamente suficiente para lograrlo?
Nos falta mucha información para saber cómo aterrizarán este ambicioso proyecto. Lo que sabemos es muy poco: que el consejo de administración de la CFE ya autorizó, que ya se creó la empresa, que están por solicitar la concesión al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que utilizarán los puntos de conectividad también para el Banco del Bienestar en el que se convertirá Bansefi y que la primera etapa estará lista en 2020, lo que sea que esto signifique.
Nadie puede estar en desacuerdo con el objetivo del proyecto, pero preocupa la ligereza con la que se ha anunciado hasta el momento, considerando las restricciones que tiene:
1. La limitación técnica: cómo lograrán la conectividad en todo el país, es decir, cuál será la solución tecnológica. La fibra óptica de la CFE no es suficiente, vaya, ni siquiera es una buena red porque no tiene una gran cobertura, porque requiere mucha inversión para ser modernizada, y además porque esta es una red de transporte, es como un camino que va de un punto a otro, pero no llega a los usuarios finales, no va a las casas ni a las escuelas, falta instalar lo más caro y complicado, la red de acceso o última milla que permita distribuir la señal a todos. Desde luego que la decisión que se tome tendrá implicaciones directas en el asunto presupuestal, lo importante es que deje de anunciarse que con la red de fibra de la CFE se va a prestar el servicio de internet en todo el país, esto es falso, esta red NO sirve para eso.
2. La limitante financiera: de la mano de la definición técnica, el tema presupuestario es un punto fundamental. El Presidente también informó que se cobrará por los servicios únicamente lo necesario para recuperar costos, pero no nos han dicho de dónde saldrá el dinero para la inversión, qué costos son los que se pretenderán recuperar con las tarifas, cuánto costará la red, cuánto se cobrará y cuáles serán las etapas.
3. La limitante jurídica: a partir de la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia de 2013, cambió el papel del Estado en el sector, al menos a nivel legal. La Constitución borró del mapa de las telecomunicaciones a la CFE y ordenó la transferencia de los activos de su red (aunque le dejó la propiedad de la fibra óptica) y de su concesión al organismo descentralizado Telecomunicaciones de México. Adicionalmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluyó restricciones para las redes del Estado limitándolas a ser redes mayoristas, es decir, sin que puedan prestar servicios a usuarios finales, excepto cuando no hubiere nadie que cubra determinada zona geográfica. La realidad es que esta reforma fue de las que López Obrador calificaría como neoliberal, pues limitó la participación del Estado, de tal suerte que habrá que ver que tipo de concesión le otorga el IFT a la CFE con el marco jurídico vigente y qué pasará con lo que hoy tiene Telecomm, incluyendo su título de concesión.
En todo caso, hay otros cuestionamientos que nos deja hasta ahora el proyecto anunciado: qué pasará con la red compartida y por qué no se menciona como parte del andamiaje para cubrir a los desatendidos, qué pasó con el proyecto que Morena incluyó en sus bases durante las elecciones, sobre desarrollar redes locales en las que las propias comunidades e incluso organizaciones de la sociedad civil presten los servicios, etc., quién está coordinando el proyecto, porque es claro que no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, seguramente esto se está gestando desde la coordinación de estrategia digital de la oficina de la presidencia que encabeza Raimundo Artis Espriú. Hasta el momento, más dudas que respuestas.
