Andrés Manuel López Obrador ha planteado la descentralización del gobierno federal como parte de la agenda que impulsará la siguiente administración, es decir, llevar la sede de diversas secretarías y entidades de la administración pública federal a distintos estados del país con la finalidad de “reactivar la economía de diversas regiones”, tal como lo ha dicho el virtual presidente electo. De esta forma, a cada uno de los estados de la República le correspondería ser la sede de una secretaría u organismo federal, mientras que en la Ciudad de México únicamente se mantendrían las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina. Si bien la propuesta puede tener diversas implicaciones, sería una ventana de oportunidad inmejorable e indispensable, para avanzar en una materia en la que la actual administración y las anteriores se han quedado cortas: la digitalización de trámites y procedimientos gubernamentales. A pesar de algunos esfuerzos aislados que han sido exitosos a nivel federal, como la obtención de copias certificadas del acta de nacimiento que actualmente no toma más de cinco minutos desde cualquier computadora con acceso a internet, y de otros no tan exitosos como la idea de centralizar toda la información gubernamental en el sitio www.gob.mx que resultó un verdadero desastre (tan sólo trate usted de encontrar información de algún tema que le interese en el portal y verá lo que le digo), la tramitología en México sigue siendo mayormente presencial , generando con ello ineficiencias, mayores costos de transacción y espacios para la corrupción. Es por ello que países como Corea del Sur, han implementado desde hace casi dos décadas proyectos como la Mejora de Procedimientos en Línea para Solicitudes Civiles (OPEN, por sus siglas en inglés) que ha permitido a los ciudadanos realizar y dar seguimiento diario a los trámites o solicitudes gubernamentales que realizan a través de un sitio web, formular cuestionamientos en caso de detectar irregularidades y obtener la información necesaria sobre cada etapa del procedimiento. De esta forma, en el momento en el que un ciudadano solicita un permiso de construcción, por ejemplo, el servidor público encargado sube al sitio web toda la información de la solicitud realizada, así el ciudadano sabe quién es el encargado de revisarla, cuándo puede esperar una respuesta y, de ser rechazada, las razones para ello, e incluso mucha de esta información se hace pública de manera inmediata para consulta de cualquier interesado. Si esto se pudiera hacer con todos los trámites gubernamentales en México, se generaría mayor eficiencia y se reducirían espacios para la corrupción. Para ello requerimos avanzar hacia la inclusión digital universal , pues todavía una buena parte de la población no cuenta con acceso a servicios de internet. Por ello, sería muy conveniente iniciar de inmediato la tarea de construir una verdadera política de gobierno electrónico, de inclusión digital y de cobertura de servicios de telecomunicaciones, de lo contrario, la mudanza podría resultar muy costosa para los ciudadanos y más ineficiente para el propio gobierno.
El amparo de Clara Luz Álvarez da frutos.
A pesar de las chicanas de la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial Federal le ha otorgado a Clara Luz Álvarez y a la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), un nuevo amparo en el que deja sin efectos algunas disposiciones establecidas en los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales expedidos por SEGOB el 15 de febrero de 2017 y que, como le platicaba en una columna anterior (EL UNIVERSAL, 27 de febrero de 2017) fueron emitidos con la única finalidad de dejar sin efectos otro amparo que le había otorgado el Poder Judicial a Clara Luz en la misma materia. En esta ocasión, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ha sido claro en cuanto a que Segob no cumplió con el deber de protección de las audiencias infantiles al reducir, de 30 segundos a 15, el aviso parental con el título y clasificación del programa que deben presentar los prestadores de servicios. Además, el Juez ha explicado en la sentencia, que al establecer las franjas horarias para la transmisión de contenidos, Segob incumplió con su obligación de velar y cumplir con el interés superior del menor, pues dichas franjas permiten la transmisión de contenidos no aptos para niñas, niños y adolescentes, en un horario en el cual, según las evidencias, “ hay más niños que tienen acceso a televisores y la curva de crecimiento a su exposición va en aumento”. De esta forma, el Juez Guzmán ordenó, por un lado, dejar insubsistentes los lineamientos séptimo y noveno de los Lineamientos de Segob y, por otro lado, modificarlos atendiendo a las consideraciones señaladas en la sentencia. Enhorabuena por las audiencias infantiles y ojalá que con este nuevo revés para Segob , se atienda de una vez por todas, el interés superior de la niñez en la clasificación de contenidos audiovisuales.
En la sobremesa.
Le decía en este espacio hace un par de semanas, que se dieron a conocer la bases del concurso público internacional para la adjudicación del proyecto de Asociación Público Privada para el diseño, construcción y crecimiento de la Red Troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional. No habrá que pagar contraprestación al Estado, sino que el monto de 200 millones de dólares que le mencionaba en mi columna anterior se refiere al aproximado que tendrán que invertir para crecer y modernizar la red de fibra óptica . Telecomm busca cerrar el contrato con el ganador del concurso en los próximos cuatro meses, justo antes de que finalice la presente administración. Han manifestado interés empresas ajenas al sector en México como Ufinet, la multinacional con sede en Madrid y la colombiana Internexa. Veremos en octubre de este año el final de esta licitación y si ante los escenarios de cambio en nuestro país efectivamente se adjudica. Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA.