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El pasado 13 de diciembre, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, presentó una iniciativa con la que busca adicionar un capítulo de “Sanciones en Materia de Seguridad y Justicia” a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para atacar la problemática de las llamadas telefónicas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios.
Sin duda este asunto merece atención por parte de las autoridades, pues se estima que tan sólo de siete penales en distintas regiones del país se realizan anualmente 3.7 millones de llamadas desde celulares. Sin embargo, la iniciativa del diputado Preciado afronta la problemática desde una perspectiva que, por decir lo menos, se encuentra mal enfocada, pues parte de falsas premisas y, en caso de avanzar, podría generar consecuencias negativas en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones móviles y, lo peor de todo, con nulo impacto en la atención del fin que persigue, le explico por qué.
El artículo 190, fracción VIII de la LFTR, así como el marco jurídico que se ha desarrollado al respecto desde hace más de seis años, es claro: la obligación de los proveedores de servicios de telecomunicaciones es de colaboración con las autoridades, pero de ninguna forma, como supone la iniciativa, es obligación de los proveedores bloquear las señales de los centros de readaptación y establecimientos penitenciarios, no se entiende de dónde saca esa lectura Preciado. De hecho, el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que son las instituciones de seguridad pública (federales, estatales y municipales) las que deben garantizar que los centros de readaptación social y establecimientos penitenciarios cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular dentro del perímetro de dichos centros, mientras que, por ejemplo, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social prohíbe expresamente a su personal, internos y visitantes, introducir teléfonos o cualquier otro instrumento de intercomunicación a dichos centros. Pero la iniciativa confunde las obligaciones de las autoridades con las de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y les traslada responsabilidades que corresponden claramente a instituciones públicas.
Actualmente, el incumplimiento de la obligación de colaboración en esta materia puede generar sanciones para los proveedores de servicios de telecomunicaciones de entre 1.1% y 4% de sus ingresos; sin embargo, el diputado Preciado considera que la razón por la que se siguen dando estas llamadas de extorsión es que no existe “coercitividad real” para que los proveedores de servicios cumplan con la supuesta obligación de bloqueo de las señales y entonces propone establecer la revocación de la concesión o autorización correspondiente ante el incumplimiento. Esto es no entender nada. ¿Realmente cree Preciado que la amenaza de revocación de concesiones acabará con este problema?
La extorsión telefónica desde los centros penitenciarios representa un grave problema en materia de seguridad, pero esta iniciativa no ataca las causas ni está dirigida a los sujetos adecuados. La realidad es que los concesionarios han intentado trabajar conjuntamente con las autoridades para resolver este problema que tiene raíces mucho más complejas de lo que parece entender el diputado Preciado. Existe una enorme red de corrupción y colusión entre autoridades y delincuentes que se requiere atacar de fondo y que no se resuelve cerrando los ductos, perdón, revocando concesiones. Ojalá nuestros legisladores se informaran mejor antes de proponer estos textos que solo exhiben su ignorancia sobre ciertos temas que son técnicos y complejos y en nada ayudan al país.
En la sobremesa
. Finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones se sumó al Banco de México y a la Cofece, e interpondrá controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 por el recorte a su presupuesto y por las limitaciones impuestas en materia de remuneraciones para sus servidores públicos. Será interesante el análisis que realice la SCJN en cuanto a los alcances de la autonomía constitucional de los órganos como el Instituto en temas presupuestales, esto podría marcar una pauta de interrelación entre el nuevo régimen y los autónomos hacia el futuro.
Twitter: @soyirenelevy
