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No entiendo por qué le tienen tanta fe a la red de fibra de la Comisión Federal de Electricidad como vehículo principal para lograr la conectividad del país. Técnicamente no es la mejor red: no es homogénea, en algunos tramos por ejemplo tiene seis pares y en otros 24, requiere modernización y mantenimiento para que sea, como se dice, carrier class y, lo más importante, no es una red de acceso sino de transporte, es decir, no llega a las casas ni a las escuelas; es una carretera sin calles. Desde hace más de 15 años se ha pensado que esta red será la solución del problema de conectividad en México, lo que nos ha llevado a perder mucho tiempo con un enorme costo de oportunidad.
La CFE instaló fibra óptica a lo largo de su red eléctrica, y en 2006 la SCT le otorgó una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones, pero lo cierto es que existían dos problemas en este tema: su objeto no se lo permitía, y además resultaba contrario al principio de neutralidad competitiva convivir con operadores privados sin reglas pare evitar la competencia desleal.
En 2010, el consorcio conformado por Telefónica, Televisa y Megacable, ganó la licitación de un par de hilos de fibra oscura de la CFE por 883 millones de pesos. Después, en la reforma constitucional de 2013, se buscó otra solución, la red compartida mayorista, que hoy opera Altán, y a la que se asignó la banda de 700 MHz completita y que, de conformidad con la propia Constitución, utilizaría un par de hilos de la red de CFE. También se estableció que la CFE cedería a Telecomm su concesión de red pública de telecomunicaciones y le transferiría todos los recursos para la prestación del servicio, con excepción de la fibra óptica y la infraestructura pasiva (postes, torres, derechos de vía, etc.) con la prohibición de prestar servicios a usuarios finales, es decir, solo sería una red mayorista. La concesión se cedió en 2016.
En junio de 2018, Telecomm publicó las bases de licitación de hasta dos pares de fibra oscura a fin de dar cobertura a 80% de los habitantes que se encuentren a una distancia máxima de 35 km de un punto de presencia de la red de CFE. Dicha licitación concluiría en noviembre de 2018, pero se aplazó.
Durante una mañanera de febrero, el Presidente López Obrador anunció que se cancelaría la licitación pendiente y que habría una nueva de 50 mil kilómetros de fibra de CFE a fin de que el ganador preste servicios de internet gratuito en plazas y escuelas públicas. Pero las prebases publicadas en el sitio de la CFE el 11 de marzo, no dejan sin efecto la licitación de Telecomm, por lo que en este momento las dos licitaciones subsisten. La primera la administra CFE y la segunda Telecomm. Las dos tienen objetos y contraprestaciones distintas pero son sobre la misma red.
El nuevo concurso tiene por objeto, dice el proyecto de convocatoria, “la utilización de dos hilos de fibra oscura para poner en operación una Red de Telecomunicaciones de última generación y a través de ella materializar el Programa Gubernamental “Internet para Todos”, con el objeto primordial de proporcionar el acceso a Internet a Instituciones Públicas como escuelas, hospitales, parques públicos, edificios federales, etc., de manera gratuita.”
Se trata de 8 mil 500 puntos que deberán ser cubiertos a costa del ganador y a cambio podrá utilizar la capacidad excedente. El mantenimiento y ampliaciones de la red deben ser contratados a la propia CFE. Esto no parece ser un buen negocio. No se presenta un estudio de rentabilidad social ni económica, ni de costo beneficio y no hay evaluación financiera. Se estima que cuesta 30 mil millones de pesos llegar a los 8500 puntos, más los costos de la prestación de internet, ¿dónde estaría la utilidad para el ganador?
Lo cierto es que quedan muchas dudas en el aire: ¿quién lleva mano en el gobierno en el tema de conectividad? ¿seguirán vivos ambos procesos licitatorios? ¿es constitucional que la CFE vuelva al negocio de las telecomunicaciones? ¿otra vez vamos apostarle a la red troncal cuando no es una red de acceso? ¿y la red compartida?
Lo voy a decir claro y directo, la fragmentación de políticas públicas en materia de conectividad va a hacer mucho daño al país. Adicionalmente, el modelo que se esboza en estas últimas prebases de licitación de la CFE no es rentable para ninguna empresa, salvo que haya otro negocio paralelo que le proporcione ingresos alternativos a quien le entre… y mejor no digo nombres de posibles empresas, no me vayan a demandar.
