Más Información
Uno de los temas que más ha generado polémica en los medios de comunicación y redes sociales, es el relativo a la disminución de los salarios y prestaciones de los funicionarios públicos de confianza, así como la inminente decisión de realizar de un recorte importante de burócratas; esto lo dio a conocer en días pasados Andrés Manuel López Obrador como parte de las 50 medidas de austeridad y combate a la corrupción de su gobierno.
Pero estas medidas no deben ser vistas de forma ais- lada, sino como parte de una reestructura administrativa de fondo en la que se replantea la manera de gobernar, y aunque no tenemos aún todos los elementos para delinear lo que serán las nuevas bases de la administración pública federal en México, sí contamos con ciertos elementos que nos permiten trazar algunas líneas que esbozan hacia dónde podría dirigirse el nuevo esquema de gobierno.
Ya se nos ha dicho que las secretarías de estado migrarán su sede a diferentes estados de la República, que disminurián el número de subsecretarías y direcciones generales, pero no sabemos nada aún acerca de los llamados organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones , que nació de las llamadas reformas estructurales derivadas del pacto por México de 2012, y que forma parte de una etapa de gobierno que marcó una tendencia importante, una moda en la creación de este tipo de estructuras (Inai, Cofece, IFT, Inegi, INEE, etcétera).
Así, estos organismos, por más autónomos que sean o pretendan ser, es lógico que no escaparán ni de las medidas de austeridad que se han anunciado, ni del esquema de administración que caracterizará el nuevo gobierno y que, en mi opinión, estará definido por cinco ingredientes importantes:
1. Será un gobierno sin mayores contrapesos, con toma de decisiones centralizada en un Presidente de la República que cuenta con la mayoría legislativa en el Congreso.
2. Un gobierno más en enfocado en personas y menos en instituciones.
3. Habrá mayor énfasis en los aspectos políticos que en los técnicos.
4. Una visión más nacionalista que globalista.
5. Hay una enorme expectativa de resultados espectaculares a corto plazo que se verá presionado a satisfacer.
De ser este el modelo que existirá, la autonomía de los organismos como el IFT no encontrará un lugar cómodo. ¿Quién y cómo se tomarán las decisiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión durante el gobierno de AMLO? Es un tema complejo y de varias bandas porque el esquema de autonomía no vino sólo, al nuevo diseño institucional del IFT se incorporaron algunos elementos que le otorgaron un peso significativo a su toma de decisiones: se eliminaron los recursos administrativos estableciendo el amparo indirecto como única vía de inconformidad; ya no procede la suspensión, lo que significa que una vez adoptada una resolución, esta debe cumplirse sin importar que existan juicios pendientes y, adicionalmente, se incluyeron reglas para limitar y regular el contacto entre los regulados y los funcionarios del Instituto, con el objetivo de evitar que se ejerza presión sobre ellos, entre otras finalidades.
Así, desde la creación del IFT en 2013, el otorgamiento de su presupuesto responde más a las necesidades planteadas por los propios reguladores, que a la determinación del Ejecutivo (el presupuesto del IFT para 2018 fue de 1,998 mdp). Entonces ¿cómo impactarán las medidas de austeridad en los organismos autónomos como el IFT que tiene una dinámica regulatoria sui generis? Sería muy útil que el gobierno de AMLO realice un análisis institución por institución, pues la naturaleza y necesidades en unas y otras varían, así como los objetivos que persiguen; es lógico pensar que el impacto que generarán estas medidas será distinto en cada caso. No conviene equiparar instituciones meramente políticas, como la Secretaría de Gobernación, con las que son primordialmente técnicas como el IFT o la Cofece, que manejan áreas importantes de la actividad económica y cuya dinámica responde a una lógica administrativa distinta.
Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el ámbito público, pero la necesidad de seguir gobernando y de tomar decisiones no se detiene, por ello, resulta conveniente tener pronto más información sobre varios temas: ¿cuál es la visión que tiene el nuevo gobierno de los organismos autónomos y de cada uno de ellos —ya que no se pueden generalizar sus actividades—, cuáles serán las bases que definirán su interacción?, ¿habrá una disminución importante del presupuesto y en consecuencia recortes de personal y de salarios, en qué proporción, cómo podría afectar eso a la toma de decisiones?, ¿cómo será la selección de los próximos comisionados, cuál su perfil?, ¿quién tomará las decisiones estructurales, quién definirá la agenda del sector?, ¿se procurará que el instituto recobre las facultades que le fueron arrebatadas por la última reforma a la ley en materia de derechos de la audiencias?
En resumen, es necesario conocer la visión general que tendrá el nuevo gobierno sobre los organismos autónomos, y particularmente de cada uno de ellos; si los cambios de estructurales de la administración se confirman, habrá que pensar en reformular todo el esquema institucional, incluyendo, en el caso del IFT, la no suspensión de sus resoluciones y las reglas de contacto, de lo contrario tendremos un sistema regulador surrealista.
En la sobremesa.
Como le adelantaba la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque revocó las multas a estas empresas, resolvió ordenar a AT&T y a Telcel que entregaran al INE los datos personales (nombre y domicilio) de los titulares de las líneas telefónicas desde donde se realizaron llamadas a los ciudadanos dirigidas a descalificar a algunos candidatos a la presidencia antes de las elecciones. Por desgracia el Tribunal no tomó en cuenta que la Suprema Corte se había ya pronunciado con anterioridad sobre los requisitos necesarios para solicitar esa información, entre ellos la autorización judicial. Mal precedente.
