El 7 de abril de 2005 en la Cámara de Diputados se consumaba el desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la maniobra política del régimen para eliminar la posibilidad de que fuese candidato a la presidencia de la Republica en las elecciones presidenciales del año siguiente. Vergonzosamente tras bambalinas se encontraba un grupo de golpistas, los más burdos, el presidente Vicente Fox, 360 diputados del PRI, PAN y PVEM, así como una incidencia del Poder Judicial a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hecho que tuvo efectos significativos en dos ámbitos centrales para el gobierno federal, ganó la desconfianza de los mercados financieros y de la prensa internacional. Sólo tres días después de la votación, los bonos de deuda a 20 años emitidos por el gobierno a principios del sexenio perdieron lo que habían ganado en dos años. Las tasas de interés se incrementaron afectando directamente al mercado inmobiliario y las principales calificadoras financieras plantearon su preocupación y recomendaron a los inversionistas tener cautela, consecuentemente estos comenzaron a salir del país.
Aquel galimatías jurídico insostenible contra el hoy presidente de México, dejó expuesta la quimérica democracia mexicana de entonces, caracterizada por una aplicación selectiva de la ley, un riesgo de desestabilización política, económica y social, así como las dudas en torno a la legitimidad de las elecciones presidenciales consecuentes.
A 14 años de distancia conviene preguntarnos ¿qué ha pasado con el país de la impunidad, del Fobaproa, de los amigos de Fox, el Pemexgate y otros latrocinios?, ¿Dónde se encuentran los promotores del desafuero?, ¿la historia ya ha emitido su juicio?
Tal como vaticinaba en su discurso de comparecencia Andrés Manuel López Obrador, el 2 de julio de 2018 se cumplió el augurio de una pronta transición democrática:” tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria”. Fue esta generación con el voto de 30 millones de ciudadanos la que hizo posible un cambio de régimen, sin necesidad de dinero, componendas o arreglos.
Estamos comenzando el sexenio democrático por excelencia, tenemos muy claro que debemos seguir dando pasos contundentes para tener un Estado de Derecho como principio necesario de gobernanza, en el que todas las personas, instituciones y entidades estén bajo leyes que se cumplan por igual y sean aplicadas con independencia. Como signo de los nuevos tiempos, hoy podemos decir que las peticiones recientes de protección solicitadas por Felipe Calderón y Vicente Fox al presidente de México, revelan la apertura a una nueva era en la que se elimina la persecución política y se priman los derechos sin distinción.
El rechazo manifiesto a los sexenios anteriores hizo que se inscribieran pautas inéditas de participación ciudadana, como la reivindicación del voto ciudadano, la libre manifestación pacífica, las exigencias públicas contra las deshonrosas decisiones gubernamentales, la consulta popular y la revocación de mandato. En buena medida impulsadas por la sociedad civil organizada y otro tanto siguiendo el ejemplo de muchos países democráticos de Europa y Latinoamérica.
Sin embargo, el verdadero parteaguas ha sido redimir de forma ejemplar la figura del fuero político que nació con la finalidad de proteger el funcionamiento de las instituciones, evaluar el desempeño de los funcionarios y el apego a lo escrito en las leyes y los requerimientos de la sociedad. Siendo más que oportuna la primera iniciativa del presidente López Obrador ante la Cámara de Senadores, para reformar los artículos 108 y 111 constitucionales, abriendo con ello la posibilidad de que durante su encargo pueda ser juzgado por traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves.
Aventuradamente podría llegar a pensarse que esto resulta cómodo para un presidente con el 80 por ciento de respaldo ciudadano, pero como el gobierno de la cuarta transformación no es ninguna concesión de cuates, significa un doble compromiso el implementar, desarrollar y llevar con éxito los programas sociales prioritarios, el combate a la corrupción y seguir haciendo posible con todos los sectores sociales un proyecto de nación de largo alcance.
Catorce años han sido fundamentales para erradicar las sentencias absolutorias del presidente, para hacer un reacomodo necesario de las fuerzas políticas y poner ultimátum a la corrupción y la impunidad. Histórico juicio hizo el pueblo de México.
