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La supuesta renuncia de Alfonso Romo, filtrada la semana pasada por un columnista de El Financiero, ha sido leída por algunos personeros de la 4T como una versión promovida por el propio jefe de la Oficina de la Presidencia para llamar la atención. Y es que independientemente de su futuro en el gobierno, un sector de la administración considera que, a pesar de tener una influencia política limitada, tiene más poder del que aparenta.
Aunque Romo no logró su anhelado objetivo de convertirse en una suerte de “vicepresidente económico” ni fue capaz de nombrar a los secretarios de Hacienda y Economía, como intentó durante la transición, en la formación del gobierno asentó su influencia, cuando menos, en la banca de desarrollo, el sector agrícola y la recaudación tributaria.
Responden a Romo la encargada del SAT, Margarita Ríos-Farjat; el titular de Bancomext y Nacional Financiera, Eugenio Nájera, y probablemente también las cabezas de Bansefi, Rabindranath Salazar, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma.
En el sector agrícola, además de haber sugerido al secretario del ramo, Héctor Villalobos, también incluyó a Javier Delgado Mendoza, quien encabeza la compactación de dependencias como FDN, Agroasemex, Focir y Firco.
No es claro cuál es el papel que Romo juega realmente dentro del gobierno. Algunos altos funcionarios tienen la impresión de que el empresario parece algo desconectado y no encuentra su lugar. En el intento de actuar como un vínculo entre la administración y el sector privado, por momentos pareciera situarse como un ente imparcial que no alcanza a entender de qué lado le toca estar.
En ese sentido, preocupan los conflictos de interés que eventualmente puedan surgir. Que más que operar de lleno como un funcionario público, se vuelque hacia una estrategia de expansión de sus propios negocios, lo que representaría una amenaza evidente para la principal narrativa de la 4T de separar el poder económico del poder político.
No cabe duda que Romo es un empresario astuto. Su presencia durante la campaña electoral le permitió a López Obrador llegar a un sector al que difícilmente podría haber llegado solo. Hoy Romo le permite al presidente una interlocución con el sector empresarial, y generar un cierto contrapeso frente a los sectores radicales del obradorismo.
Sin embargo, dado la imagen que han tenido muchos de los grandes empresarios en nuestro país, es legítimo que existan dudas. A sabiendas de que al menos una parte del patrimonio que Romo ha acumulado se obtuvo gracias a sus negocios con el poder público, cabe preguntarse cuál es la garantía de que eso no ocurrirá hoy que está dentro del gobierno.
Por el bien de la 4T y del propio Romo, él mismo debe encargarse de disipar cualquier duda y ser doblemente transparente en todos sus actos. Sería deseable conocer con exactitud cuáles son sus empresas, en qué otras tiene algún tipo de participación, en qué estado se encuentran sus negocios y quién ha quedado al frente de ellos.
Romo tendría que tomar todos los recaudos posibles para que quede claro que sus empresas no están haciendo y no harán negocios que puedan estar directa o indirectamente vinculados a los grandes programas públicos, para así cubrir las demandas de transparencia que vienen haciendo la oposición y otros empresarios.
Sería saludable que explique, por ejemplo, cómo evitará posibles conflictos de interés entre las áreas agrícolas del gobierno en las que tiene influencia, y sus propios negocios en el sector agroindustrial. Incluso cómo la opinión pública puede estar segura de que la casa de bolsa Vector, de la que es propietario, no se beneficiará de las decisiones que eventualmente tome el organismo que regula, vigila y sanciona el funcionamiento de los bancos y casas de bolsa en México. La propia credibilidad de la 4T dependerá de eso.
