El Estado en México fue en gran medida desmantelado en las últimas tres décadas. Junto con el combate a la corrupción, rescatar al Estado a partir de la centralización del poder pareciera ser la otra gran narrativa del obradorismo. En esa lógica se insertan muchas de las decisiones que ha venido tomando esta administración. Veamos cinco ejemplos distintos:
La concentración de poder en la Presidencia de la República y el Ejecutivo Federal. Formalmente somos una república democrática, representativa y federal. En la realidad, nuestro régimen se ha asemejado más a una oligarquía con mucho de plutocracia, donde el poder está disperso y fragmentado en una serie de instituciones capturadas por intereses privados y dedicadas a la extracción de rentas. En la lógica de López Obrador, el combate a la corrupción requiere de un control centralizado del poder. Esta lógica puede tener sentido en la medida en que los secretarios y el círculo presidencial cercano no se corrompan y mientras se comprenda que centralizar puede ser un medio temporal en la consecución de otros objetivos, no puede ser un fin en sí mismo.
La crítica a los organismos autónomos. Aunque se diga que el gobierno busca acabar con ellos para evitar “cualquier contrapeso”, lo cierto es que muchos de ellos ni son un contrapeso ni han sido realmente autónomos. Estos organismos debilitan a los poderes tradicionales en la medida que sustituyen funciones que le corresponden a aquéllos, y fragmentan el poder al repartirlo en parcelas que pueden ser fácilmente capturadas por grupos de interés. Como señala Christopher Ballinas, uno de los mayores expertos en organismos autónomos, casi todos estos han caído en los mismos vicios que el resto de la administración pública (opacidad, amiguismo, reparticiones facciosas, etc…); no han logrado ser imparciales y no se someten al escrutinio de la voluntad popular.
La crítica a las agencias reguladoras de energía. La reforma energética estableció un marco regulatorio para lograr un mercado abierto donde los privados pudieran competir con Pemex y CFE. No es descabellado afirmar que estas agencias representan intereses privados, e incluso que en algunos casos han sido capturados por estos. El golpeteo político al titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se inscribe en el objetivo de este gobierno de retomar el control estatal de la política energética, fortalecer a Pemex, y lograr que los recursos estratégicos de la nación se exploten a partir de un modelo más volcado hacia lo público que hacia el modelo privado.
La crítica a la “llamada sociedad civil” y la prohibición de transferirle recursos públicos a las organizaciones. Nadie quiere “arrinconar y extinguir a la sociedad civil”. Sucede que, durante las décadas de neoliberalismo, varias ONG y organizaciones sociales vinieron a sustituir a un Estado ausente y, en muchos casos, también a justificar su inexistencia. A ello se sumó la falta de un Estado con legitimidad democrática. Varias organizaciones se convirtieron en interlocutores privilegiados de los poderes públicos, a pesar de carecer de una amplia representatividad social. Ante un nuevo gobierno que pretende retomar el papel rector del Estado en la economía y garantizar derechos sociales a través de programas universales, es natural acabar con los esquemas de intermediación y replantear el rol de la sociedad civil.
La creación de los llamados superdelegados. El debate público se ha enfocado en la supuesta “violación al pacto federal”, su papel político-electoral, e incluso en el objetivo –a mi juicio deseable– de generar un contrapeso al poder virreinal de los gobernadores. Sin embargo, la figura de los delegados estatales de programas integrales de desarrollo –con sus 264 delegados regionales en todo el país–, también puede verse como una estrategia orientada a fortalecer la presencia del Estado en el territorio. Hoy esa presencia es sumamente débil porque los neoliberales han gobernado desde el escritorio, casi nunca desde el territorio. Por años formularon políticas a nivel federal creyendo fantasiosamente que llegarían a estados y municipios. La creación de delegaciones fuertes es una oportunidad para tener un estado capaz de llegar a los rincones más alejados del país.
