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Hay dos formas de leer a Ricardo Monreal: Una de ellas es como un político eficaz, conciliador, sofisticado, hábil en la formación de acuerdos e incluso intelectualmente sólido. No es menor que el zacatecano se niegue a verse a sí mismo como un subordinado de López Obrador y presuma una autonomía que podría ser una demostración de saludable republicanismo y separación de poderes.
Pero Monreal tiene un rostro menos diáfano: el de un político que, con calculada frialdad, busca en determinados momentos incendiar el avispero, abrir frentes de conflicto para enrarecer el ambiente y ponerle palos en la rueda al gobierno y a Morena.
Sucedió el año pasado, cuando a un mes de la toma de posesión del nuevo presidente el senador presentó una iniciativa —socialmente justa, pero políticamente inoportuna— para regular las comisiones bancarias. En el momento en que se necesitaba ofrecer certidumbre a los mercados, y justo luego de la cancelación de Texcoco, su iniciativa descuadró el presupuesto y generó fuga de capitales.
Volvió a suceder esta semana, cuando el senador presentó otra polémica iniciativa para reformar el Poder Judicial que, a pesar de abrir una discusión necesaria, tiene un aspecto que alimenta el discurso que acusa al Ejecutivo de buscar suprimir o controlar a los otros poderes con pretensiones autoritarias.
¿Acaso la agudeza mental de Ricardo Monreal no previó que una iniciativa que de facto otorgaría a López Obrador la posibilidad de nombrar un total de ocho ministros en la Suprema Corte (acercándose así a la mayoría) despertaría una andanada de suspicacias que perjudican al obradorismo y a la narrativa democrática de la 4T?
Entre integrantes de Morena existe la percepción de que Monreal opera de este modo para exhibir músculo político, hacerse políticamente presente, forzar negociaciones que le favorezcan e incluso asentar su fuerza dentro de la disputa partidaria; todo ello de cara a la sucesión en los órganos de dirección partidaria que tendrá lugar en noviembre y con sus ambiciones presidenciales en mente.
Este columnista planteó a Monreal precisamente esto en una reciente conversación. Naturalmente negó las apreciaciones. Explicó que su verdadero interés ha sido abrir una discusión sobre la reforma del Poder Judicial y otorgar un rango superior al combate a la corrupción. Luego dijo no estar casado con la idea de incrementar el número de ministros para crear una nueva sala e incluso afirmó que eventualmente dicho número podría ser inferior a cinco.
Sin embargo, el líder de Morena en el Senado nunca esclareció por qué no contempló desde un inicio alternativas más sólidas como la que recientemente planteó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de cubrir las vacantes de la Tercera Sección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece la integración de tres magistrados para ver el tema anticorrupción.
Hasta ahora no he encontrado a ningún constitucionalista serio que defienda la propuesta de crear una sala en la Corte dedicada a examinar temas de corrupción. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala, por ejemplo, que es “innecesario” y “jurídicamente errado”, entre otras porque la Corte no debe tener magistrados especializados en una sola materia.
¿Por qué Monreal se aventuró a formular una propuesta tan polémica sin antes considerar otro tipo de opciones? ¿Tan solo para “abrir el debate”, como asegura? Sospecho que la verdadera interrogante que hoy se abre es con qué Monreal nos quedaremos quienes simpatizamos con la 4T: ¿con el eficaz negociador que es capaz de poner su inteligencia al servicio de un proyecto, a través de su capacidad de generar acuerdos, o con el que por momentos parece tentado a anteponer su ambición política por encima del proyecto mismo?
