Quizás pocos recuerden hoy que la reforma educativa del gobierno anterior se discutió y aprobó en el Congreso en tan solo diez días. Un acuerdo cupular, materializado través del Pacto por México, decidió que el debate parlamentario era un mero trámite que podía obviarse.
Quienes hoy intentan endilgarle a López Obrador el mote de autoritario no quieren recordar hasta qué punto Peña Nieto —con la connivencia de los partidos del antiguo régimen— sacrificaron la pluralidad democrática para pasar por encima de los representantes democráticamente electos.
En esa lógica se promovió una reforma educativa unilateral, sin participación social, donde a los maestros prácticamente no se les pidió su opinión. Incluso se les vio como adversarios y se les estigmatizó como violentos, ignorantes, desobligados e irresponsables (véanse los excelentes artículos de Manuel Gil Antón en EL UNIVERSAL sobre el tema).
El contraste con lo que ha intentado hacer este gobierno es inmenso. La iniciativa de la nueva administración se presentó el 12 de diciembre y aún se sigue discutiendo. Es indudable que se hizo un esfuerzo por presentar una propuesta mucho más consensuada y por incluir a los actores involucrados, desde los maestros y los padres de familia, hasta los alumnos, las organizaciones de la sociedad civil y los expertos en el tema.
Se organizaron foros en todo el país y se llevaron a cabo consultas antes y después de presentar la iniciativa. Según Esteban Moctezuma, se registraron 64 mil ponencias por vía digital, se dieron 80 mil participaciones presenciales y se entrevistó a 1 millón 700 mil personas.
Incluso la propia CNTE, a pesar de no compartir elementos importantes de la propuesta gubernamental, reconoce que “las cosas se hicieron de otra forma”, como aseguró a este columnista el día de ayer un influyente activista de la CETEG, uno de los sectores más duros de la Coordinadora.
En ningún lugar del mundo, señala Gil Antón, una reforma educativa ha logrado triunfar sin el apoyo del magisterio. Por eso la iniciativa del Ejecutivo no se planteó en un espíritu de antagonismo frente a los sindicatos educativos o en clave de sometimiento, como pretendió hacerlo Aurelio Nuño en una de sus tantas muestras de incapacidad política.
En lugar de iniciar la discusión a partir de los mecanismos de evaluación, en una lógica de castigo, la discusión en torno a la reforma educativa de esta administración comenzó por el primer eslabón: el de los niños. En esta lógica, la evaluación se ve menos como un fin en sí mismo y más como un instrumento para orientar la capacitación de los docentes.
Eliminar la evaluación punitiva a los profesores (que incluso organizaciones como la de Bill y Melinda Gates consideran desaconsejable) es un avance importante en la reforma propuesta. Igualmente importante es que se establezca el derecho de los maestros a acceder a un sistema permanente de formación y actualización como el que se está contemplando.
Es importante también que se mantengan algunos avances de la reforma de 2012. En particular, no podemos volver al pase automático que se otorgaba a las escuelas normales; debe haber concursos en igualdad de circunstancias para tener acceso a la carrera magisterial. Bajo ninguna circunstancia podemos devolver a los sindicatos la puerta de acceso a nuevas plazas ni cederles nuevamente el control de la educación.
El nuevo gobierno también ha puesto en la agenda una serie de temas importantes que no habían encontrado un espacio. Uno de los más relevantes es priorizar el tema de la equidad. No puede ser que las mejores escuelas —ubicadas generalmente en las ciudades— sean siempre las que más recursos reciben. La Cuarta Transformación solo lo será si logra priorizar a las escuelas más pobres del país. El tema será materia de la legislación secundaria que habrá de discutirse en los próximos meses.
@HernanGomezB