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La Cancillería ha asumido una postura de neutralidad frente a Venezuela. En un contexto de creciente polarización, con un país sumido en la ingobernabilidad y el riesgo de una intervención extranjera, esta posición tiene pleno sentido tanto en términos geopolíticos como para la propia política interna venezolana.
Nuestras fuerzas políticas no han comprendido la importancia de la neutralidad ni han sido capaz de abrazarla. La derecha utiliza el tema Venezuela para el golpeteo político, mientras que la ultra izquierda ideológica pone palos en la rueda a la labor que pretende llevar a cabo la Cancillería. Ambos sectores se niegan a ver los excesos de dos bandos políticos en Venezuela y anteponen sus consignas por encima de la situación real por la que atraviesan vidas concretas.
Me preocupa en particular que un sector dentro de Morena —minoritario, pero vociferante— tome públicamente partido por el régimen madurista. ¿Será que no alcanzan a darse cuenta que ya no son una fuerza opositora, sino el partido en el gobierno? ¿Que deben comportarse con responsabilidad? Quizás no conozcan la realidad venezolana, quizás alimenten una creencia —a mi juicio equivocada— que ser de izquierda implica necesariamente apoyar a los movimientos y gobiernos revolucionarios del mundo, hagan lo que hagan.
Lo cierto es que este sector, que al menos debería saber guardar un prudente silencio, ha salido a defender a Nicolás Maduro, incluso a negar —o relativizar— que existen graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela (a pesar de que el propio gobierno mexicano ha expresado una preocupación por este tema, como lo hace también el reciente Mecanismo de Montevideo).
Para este sector de la ultra, que incluye también a partidos aliados a Morena, todo es una trampa del imperialismo. Quienes hablamos de violaciones a los derechos humanos somos acusados de golpistas o de justificar una intervención. Olvidan que el cúmulo de evidencia es más contundente que cualquiera de sus consignas.
Ahí están los informes de PROVEA o Foro Penal —organizaciones de derechos humanos en Venezuela—, los documentos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch; los reportes del Alto Comisionado y la CIDH, además del testimonio de la ex fiscal Luisa Ortega. Incluso la Corte Penal Internacional ha abierto un examen preliminar tendiente a evaluar posibles crímenes contra la humanidad.
Los números son contundentes: 13 mil detenidos en manifestaciones contra el gobierno, 120 muertos, mil 777 heridos y 5,341 detenidos en las protestas de 2017. Hay también 101 casos de tortura, 539 víctimas de tratos crueles, 2 mil 559 allanamientos, 8 mil 291 asesinatos cometidos por la fuerza pública y 12 mil 320 detenciones arbitrarias de opositores. Todo esto en los dos últimos años.
Defender las libertades políticas y los derechos humanos no implica respaldar una postura injerencista o imperialista. Así lo muestra el desplegado reciente firmado por 235 organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas en el que denuncian el carácter irregular del más reciente proceso electoral, condenan a un gobierno que “encarcela y asesina”, y al mismo tiempo alertan sobre los intereses geoestratégicos de Venezuela y sus riquezas energéticas, donde orbitan los intereses de EU (https://bit.ly/2SbsPN3).
Más allá del negacionismo de la ultra izquierda ideológica, preocupa que un sector perteneciente a la coalición gobernante asuma una postura militante a favor de uno de los bandos. Tan equivocado es que el líder nacional del PAN haya dado un “reconocimiento” a Juan Guaidó, como que un legislador del PT haya asistido a la toma de posesión de Nicolás Maduro a ofrecerle su apoyo.
México se plantea una apuesta diplomática ambiciosa en la que se juega la reputación y visibilidad del país, además de ponerse a prueba una nueva política exterior. Sería deseable que los actores políticos pudieran ofrecer su acompañamiento y estar a la altura de las circunstancias.
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