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El pasado 23 de junio, la unidad de hemodiálisis del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI se inundó tras una fuerte lluvia. El agua se filtró por los techos. Los plafones terminaron en el piso y algunas de las máquinas de hemodiálisis se estropearon.
Dos días más tarde, personal de enfermería informó a los pacientes con insuficiencia renal crónica que no había máquinas suficientes para que todos pudieran recibir tratamiento: solo quienes presentaran altos niveles de potasio serían atendidos.
Desde que fue inaugurada seis meses antes, la unidad había presentado, según las quejas de medio centenar de pacientes, malos olores que provenían del drenaje, así como falta de ventilación. Había inundaciones ligeras y falta de higiene en el área de máquinas (colocadas a un paso de los sanitarios). Nadie parecía reparar en el riesgo en que todo esto ponía a los pacientes.
No era todo. Los equipos presentaban problemas constantes: fugas de líquido en las mangueras, sellado deficiente en los conectores, sensores en mal estado, que provocaban el apagado repentino de las máquinas. Además de un tratamiento agresivo que provoca anemia, cansancio, bajas de presión sanguínea, aumento de toxinas y malestar general, los pacientes debían enfrentar el riesgo en que eran colocados sus accesos vasculares. Entre otras cosas, infecciones y pérdidas de sangre.
Las quejas, según cuentan, fueron atendidas de momento. Pero los problemas no cesaban.
Una tarde de lluvia salió agua de coladeras y retretes, mientras tres pacientes eran atendidos. Esa tarde, cuatro enfermos más quedaron sin tratamiento.
El jefe del área de Nefrología, Pedro Trinidad Ramos, y el director médico de la unidad de Alta Especialidad, Julián McGregor, les dieron a los pacientes una mala noticia: no había presupuesto para reparar las instalaciones, ni para componer las máquinas, ni para reponer el equipo dañado. La unidad quedaría cerrada “por tiempo indefinido”.
Según una queja presentada por medio centenar de pacientes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estos funcionarios les informaron “de manera repentina, arbitraria y prepotente”, que deberían realizar de inmediato trámites de subrogación, para continuar el tratamiento en los hospitales generales de zona que les correspondieran.
“El problema es que muchos de nosotros fuimos derivados al Hospital de Especialidades precisamente porque en los hospitales generales de zona que nos correspondían no había nefrólogos, ni máquinas de hemodiálisis. En pocas palabras, nos derivaron aquí para salvarnos la vida, y ahora que nos mandan de regreso, pues nos están mandando a morirnos”, explica una de las firmantes del documento —cuya identidad me reservo.
Los médicos les entregaron un formato para que lo llenaran de inmediato y les dieron un plazo para recoger el documento que hace efectiva la subrogación. Les dijeron que debían apurarse, porque a partir del mes de julio no se harían más hemodiálisis “en este lugar”.
“Este lugar”, hay que repetirlo, es una Unidad Médica de Alta Especialidad, una de las más importantes que hay en el país: un complejo de dependencias de tercer nivel, que permiten a los pacientes de, por ejemplo, insuficiencia renal, atender los daños que suele sufrir el resto de sus órganos, y tratar de manera oportuna el abanico de enfermedades que invariablemente acompañan su mal.
En el oficio presentado ante la CNDH (folio 63242/2019), los pacientes alegan que —ellos o sus familiares— han cotizado por años en el IMSS, por lo que merecen el servicio efectivo por el que han pagado, y además poseen el derecho humano a la salud.
El grupo de pacientes ha tramitado un amparo para impedir el envío a los hospitales de zona. Resulta increíble, pero han tramitado un amparo para no morir.
En junio de este año, en su informe de labores, la CNDH expresó su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han tenido en el derecho a la salud de los mexicanos. Llamó al presidente a “garantizar a todas las personas el acceso a servicios de atención médica, medicamentos, tratamientos y prestaciones de seguridad social”.
AMLO dijo que la retención de recursos al sector salud eran “inventos”, y no acudió al acto en el que el informe fue presentado.
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