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Norberto tenía 22 años y estaba a punto de recibirse como licenciado en Mercadotecnia en la Universidad del Pedregal. Faltaban solo unas horas para la toma de la foto oficial. Lo interceptaron al salir de la escuela, cerca de las 21:30. En su último mensaje el joven avisó a su novia que se dirigía a casa de sus tíos, en donde vivía.
Antes de las diez de la noche, la familia recibió una llamada de rescate. Los familiares levantaron una denuncia, aunque horas después solicitaron que la Policía de Investigación no interviniera: habían recibido la instrucción de entregar el dinero frente a un autolavado cercano a Acoxpa, al sur de la ciudad de México.
Así lo hicieron. Un familiar acudió más tarde al sitio en que, según los secuestradores, Norberto sería liberado. Regresó con las manos vacías.
La noche del domingo 9 de junio, una llamada al 911 informó del hallazgo de un cuerpo en una zona alta y boscosa de la alcaldía de Xochimilco. A bordo de la patrulla MX-410 R2, dos policías segundos de la coordinación general de la zona oriente, Raúl Salazar y Selena Miranda, arribaron al lugar. Eran las 20:10. El cuerpo, envuelto en cobijas y bolsas negras, se encontraba en el camino a San Pablo, en la colonia Barrio Coyuca. Los asesinos lo habían maniatado por la espalda. El parte indica que se hallaba “en posición decúbito dorsal”, “maniatado de manos a la espalda” y “con fauna cadavérica”. La procuradora aseguró que a Norberto lo habían privado de la vida prácticamente de inmediato.
A media tarde recibí información de que las autoridades habían abierto la hipótesis de un “manejo erróneo del secuestro”, aunque no descartaban otras líneas de investigación. Una fuente cercana al caso aseguró que hay “datos sólidos” que pueden llevar muy pronto al esclarecimiento de esta tragedia. La evidencia indica que Norberto fue llevado a algún lugar de cautiverio. En ese sitio ocurrió su fallecimiento. No se trata de “un típico secuestro extorsivo”, según los investigadores.
Luego de mantener una prolongada tendencia a la baja, el secuestro en la ciudad de México vuelve a convertirse en tema. Entre enero y abril de 2019, se pudo observar un repunte dramático: la tasa creció 77.65% en relación con el mismo periodo de 2018 (datos del Observatorio Nacional Ciudadano).
A menos de 60 días del cambio de gobierno (entre diciembre y enero), los índices de este delito aumentaron 49.6%. Solo en el primer mes de 2019 ocurrieron 23 plagios, según la organización Alto al Secuestro. A nivel nacional no estamos mejor. La tasa aumentó 24.30% entre enero y abril.
El secuestro fue acaso el único delito que bajó durante la administración anterior. En febrero de 2019 removieron, sin embargo, a la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín, que se hallaba en el cargo desde septiembre de 2015 —y había logrado ejercer un liderazgo efectivo en las 32 Unidades Anti Secuestro (UECS) existentes en el país. Tan efectiva fue la actuación de Bugarín, que el gobierno de AMLO la jaló para que encabezara una subsecretaría en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (renunció tres meses más tarde).
Durante meses, al nuevo gobierno no le interesó designar un nuevo coordinador antisecuestro: la oficina quedó en manos de un encargado. Y comenzó, al mismo tiempo, el recorte y el desmantelamiento de las UECS: la “Austeridad Republicana”. En menos de seis meses, todo explotó.
Lo mismo ocurrió en la CDMX: la fuerza antisecuestro fue desmantelada: investigadores con experiencia de años en la negociación de secuestros, el manejo de crisis, la investigación de campo, los operativos tácticos, fueron removidos sin atender a sus certificaciones.
Había corrupción, fallaban muchas cosas, desde luego. Pero ahí están las cifras, las tercas cifras que indican que otra vez privó la soberbia, el desconocimiento, la improvisación.
El sábado, la jefa de gobierno aplaudía en un mitin en Tijuana. En la ciudad, los delincuentes negociaban sobre un cadáver. Luego, las versiones cambiaron.
@hdemauleon
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