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A unos días del cambio de régimen, sigue la guerra por el caso Iguala, que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El mismo día fueron presentados dos informes: el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que concluye que la investigación de la PGR carece de una “directriz clara investigativa” y alerta que aún no existe “un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula”.
El segundo informe es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que tras cuatro años de investigación “exhaustiva, tecnológica, científica, multidisciplinaria e integral” dinamita los hallazgos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y señala que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula. La CNDH señala también que el material hallado en una bolsa en las cercanías del Río San Juan contiene sedimentos que proceden del propio basurero.
El GIEI repitió, una y otra vez (tras una visita de 20 minutos de uno de sus miembros) que era imposible que en el vertedero de Cocula hubiera sido incinerado un solo cuerpo: aseguró que no había manera de que uno solo de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 hubiera ido a parar ahí.
Sobre esa certeza se construyó políticamente el caso más emblemático de la descomposición institucional del sexenio de EPN.
Hoy la CNDH asegura que “la verdad no puede sujetarse a intereses o coyunturas políticas” e indica que los resultados de su propia investigación están “comprobados, sustentados en evidencia objetiva”.
¿Cuál es la verdad? Mientras la CIDH insiste, por ejemplo, en que se investigue el seguimiento que militares del 27 Batallón hicieron a los alumnos que desaparecieron en la llamada noche de Iguala, la CNDH detalla minuciosamente la ruta que llevó a entre 23 y 28 estudiantes del Puente del Chipote a Lomas del Coyote, donde fueron entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.
La CIDH pide que se ahonde la investigación sobre la posible participación en los hechos de policías municipales adscritos a lugares cercanos al de la desaparición —Tepecocuilco, Eduardo Nerit, Apaxtla, etcétera— e indica que hay elementos probatorios, de telefonía y balística, que prueban la presencia de policías de Huitzuco durante la llamada noche de Iguala.
Exige, asimismo, que sean investigados a fondo el C-4, las bases de operaciones mixtas que coordinan acciones de autoridades municipales, estatales y federales, la posible relación de un miembro de la Policía Federal con integrantes de Guerreros Unidos, las acciones emprendidas por la policía estatal y el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias, líder del grupo criminal, en la que aparecen funcionarios policiacos de diversos órdenes de gobierno.
Ambos informes coinciden en “el desaseo y poco profesionalismo” con que, aseguran, la PGR llevó la investigación. La CNDH documenta que al menos 70 de los imputados por la desaparición de los normalistas fueron torturados o recibieron tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La CNDH, que asegura que su informe constituye “la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”, señala a la Procuraduría General de la República por “haber subestimado el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales”, y de haber ignorado que en el material encontrado en el río San Juan “se encontraban otras 3 porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN”.
De acuerdo con la Comisión, los peritos de la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, destruyeron indicios fundamentales para el caso. El EAAF fue tachado, también, de haber analizado el vertedero de Cocula con criterio antropológico y no criminalístico.
La investigación de la CNDH revela que el juez de barandilla en Iguala, José Ulises Bernabé García, de guardia la noche de los hechos, es una figura crucial para la investigación, ya que la comandancia es el último sitio en que un grupo de entre 23 y 28 alumnos fueron vistos.
El ex juez huyó a Estados Unidos y desde allá se ha dedicado a ocultar y desfigurar los acontecimientos. Aunque ingresó de manera ilegal a aquel país, ni la DEA ni el Departamento de Justicia han hecho nada para deportarlo.
El caso, que heredará el próximo sexenio, está lleno de sombras y desafíos. Iguala seguirá dando de qué hablar.
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