En febrero de 2018, Andrés Manuel López Obrador había emprendido ya la campaña de demolición de la Policía Federal (PF). “Se echó a perder”, dijo en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Ese mismo día anunció que su gobierno no podría prescindir del Ejército ni de la Marina en las tareas de seguridad.
López Obrador se dedicó desde entonces a dinamitar el prestigio del cuerpo policial más profesional y confiable que existía en el país —con las limitaciones, claro, y los claroscuros inevitables—: un cuerpo cuya construcción le había costado al Estado mexicano años de aprendizaje, montañas de dinero y más de un millar de vidas.
Durante los peores años de la guerra contra el crimen organizado, la Policía Federal libró al país de algunos de sus monstruos más temibles. Jugó un papel crucial en la persecución contra el grupo más violento en nuestra historia contemporánea, Los Zetas; fue una pieza clave en el desmantelamiento de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios; logró la detención de algunos de los capos más peligrosos y sanguinarios, en una dinastía de capos peligrosos y sanguinarios: La Tuta y El Chapo, por citar solo a dos de ellos.
Con los años, la PF construyó el mejor grupo antisecuestros y la mejor policía cibernética en la historia del país. Sus capacidades y estándares de excelencia fueron reconocidos en diversos países de América Latina y de Europa. En los años del horror, fue un escudo que protegió a los ciudadanos de la barbarie desatada en estados incendiados por la violencia.
Para bien y para mal, el récord de la PF es totalmente público. El Inegi mostró que el 70% los mexicanos confiaba en la Policía Federal. Parece, sin embargo, que el presidente de México tiene otros datos. Desde su triunfo en julio de 2018, y antes incluso de tomar posesión, no hizo sino prodigarle desdenes, insultos, humillaciones, agravios.
Las siete divisiones que la componen, sus casi 40 mil elementos, quedaron sumidos en la incertidumbre. Nadie tenía claro si el nuevo gobierno respetaría sus estudios, sus acreditaciones, su preparación, sus grados, sus medallas, sus sueldos, su antigüedad. Quienes figuraban entre los mejores policías de México fueron sobajados, despedidos u obligados a renunciar. El secretario de Seguridad Ciudadana no los volteó a ver nunca. Les quitaron seguros de vida. Les cancelaron viáticos. Les recortaron incluso la gasolina de sus patrullas.
En redes sociales, los federales denunciaron las condiciones en que se les estaba integrando a la Guardia Nacional. Habitaban casas en obra negra, sin puertas ni ventanas; dormían en el suelo o en casas de campaña; las condiciones de los baños eran peores que en las cárceles.
Cuando protestaron, fueron acusados de fifís.
La bola de nieve fue creciendo durante un año. Ayer estalló. Los federales denunciaron la desprotección, el desprecio, el abandono del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Protestaron contra el atropello a sus derechos laborales y contra las expresiones denigratorias del mandatario y su equipo.
En un hecho inédito, tomaron las instalaciones de la PF en Iztapalapa, y bloquearon calles y avenidas. Tomaron la caseta de Tepotzotlán, y llamaron incluso a un paro nacional.
La respuesta del presidente fue aparecer en un video, vestido de beisbolista, “fildeando y macaneando” en el campo de CU. Lo grave de la crisis lo obligó, sin embargo, a subir un segundo video en el que pidió disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas por “el motín”, y en el que aseguró que la causa de los federales no era “una causa justa”.
AMLO aseveró que en la protesta había “mano negra”, recordó que en otros días cosas como estas venían “de los sótanos de Gobernación” y, en un acto más de humillación, dijo que los federales que no fueran admitidos en la Guardia serían enviados a vigilar edificios de gobierno.
Desde luego, ningún dato sobre la “mano negra”. ¿Mandos que vieron afectados sus intereses? ¿Criminales buscando desestabilizar la Guardia? ¿Políticos del sexenio anterior metiendo cizaña? ¿O simplemente López Obrador, fildeando y macaneando?