El martes pasado, la Fiscalía General de la República informó en un comunicado que desde el inicio de la nueva administración se había comenzado a trabajar en la designación de un Fiscal Especial para el Caso Iguala, “en estrecha colaboración con el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, quien preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa”.
De acuerdo con el comunicado, se analizaron los mejores perfiles. Destacaron “tres de gran valía y experiencia, dos hombres y una mujer”. La Comisión y la Fiscalía los entrevistaron, cruzaron con ellos diversas comunicaciones. A pesar de que se les manifestó que tendrían apoyo total, los candidatos declinaron la recomendación.
El presidente López Obrador ofreció que la resolución del caso Iguala sería una de las prioridades de su gobierno: prometió resolver el misterio de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Han pasado seis meses. La investigación sigue estancada, y la FGR no encuentra aún un candidato dispuesto a comprar, como se dice comúnmente, el mazo de boletos para la gran rifa del tigre.
Hace seis meses también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, presentó su recomendación definitiva sobre el caso, la 15VG/2018. Fue presentada como el fruto de una investigación “exhaustiva, multidisciplinaria e integral”.
El equipo dirigido por el titular de la oficina para el caso Iguala, José Trinidad Larrieta, revisó 1,128 tomos, hizo 672 entrevistas, llevó a cabo 223 investigaciones periciales, efectuó 724 visitas de campo y 2927 revisiones periciales, y emitió 1890 requerimientos de información a diversas autoridades.
El resultado fue un documento de casi dos mil cuartillas que no se ajustó a la llamada “verdad histórica”, ni se dejó llevar por las presiones y chantajes de quienes querían arrastrar la investigación hacia derroteros políticos afines a sus propios intereses. La recomendación no atendió a cálculo ni a consideración política alguna. Evitó comprar “el sesgo inicial” que la PGR le había dado al caso, y no descartó ningún elemento que pudiera aportar información nueva.
Mientras en las instancias gubernamentales caían y llegaban nuevos responsables del caso, la CNDH realizó una investigación propia a lo largo de cuatro años.
El organismo pudo determinar que la noche en que desaparecieron los normalistas, imperó un “poder decisor sobre todos los partícipes, cómplices, autores materiales e intelectuales: un instigador primario y común a los intervinientes, conocido como El Patrón”.
Según la CNDH, El Patrón tomó las decisiones relevantes sobre el destino final de los estudiantes y señaló en su informe algunas de las pautas que podrían llevar a identificarlo —pues, afirma la Comisión, sigue libre e impune.
La Comisión reveló también la situación que privaba en la normal rural, en donde dos grupos de normalistas mantenían el control de la venta de estupefacientes, lo que era del conocimiento del director del plantel, y estuvo estrechamente ligado con el móvil de las agresiones. Solicitó profundizar en los hechos ocurridos en el crucero de Santa Teresa, entre ellos el relacionado con la agresión al equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, y la participación que tuvieron municipales de Iguala y Huitzuco.
Pidió que se reaprehendiera a los implicados en el caso, y se reactivaran los procesos “contra diversos partícipes que fueron dejados en libertad, “ya que quedó demostrado que no fueron objeto de actos de tortura y obtuvieron su libertad de manera indebida”.
Recomendó que se indagara la responsabilidad que pudieron tener servidores públicos que tomaron parte en los hechos y nunca fueron investigados: el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, su subsecretario, y el comandante regional de la policía estatal.
Entre muchas otras cosas, el documento indica que para llegar a la resolución final del caso es preciso realizar de una vez por todas el análisis genético de 114 elementos óseos y odontológicos recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan.
La 4T busca un fiscal que comience desde cero, recorra nuevamente el arduo camino y, con buena suerte, llegue a encontrar la verdad al final del sexenio. ¿Por qué no aprovechar por una vez la experiencia y el conocimiento acumulado, y avanzar hacia la resolución del caso aprovechando a quienes han hecho la investigación más libre de que se dispone actualmente?
Es solo una pregunta.
