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En los primeros días del año, fuerzas federales ubicaron a José Antonio Yépez, El Marro, en un club campestre, “cerca del aeródromo”, a orillas de Celaya, Guanajuato. Un seguimiento de varias semanas permitió que personal de inteligencia lograra establecer con precisión dónde dormía y se movía el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Se considera que Yépez es el principal implicado en la ola de violencia que ha hecho de Guanajuato uno de los estados más peligrosos del país.
Yépez se movía por aquellos días en un Honda, un Cadillac y una Hummer. Intentaba ser discreto. De hecho, se desprendía por las noches de los cuatro o cinco escoltas que lo acompañaban, para que nadie supiera a dónde iba a dormir. Cambiaba de teléfono con frecuencia y a veces pasaba hasta cinco días sin hacer llamadas.
Elementos de diversas fuerzas policiales habían intentado detenerlo —varias veces— en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán. Pero en todos los casos fueron rodeados por los pobladores y tuvieron que retirarse para evitar una tragedia.
Ahora era distinto. En aquel club campestre, frecuentado “por gente de otro estrato social”, nadie iba a defenderlo. Su fuerza era mínima.
Agentes que tomaron parte en aquel operativo pidieron luz verde a sus superiores. No se las dieron. La respuesta fue que El Marro no era prioridad. Que la prioridad era bajar el número de muertos y hacer que descendiera el robo de hidrocarburos.
El Marro no supo lo cerca que estuvo de caer. O tal vez sí, porque a partir de entonces modificó de manera absoluta sus rutinas.
El 29 de enero hubo bloqueos y quema de vehículos en Villagrán, Juventino Rosas, Celaya y Salamanca. La intención era impedir un operativo del Ejército y la Marina contra el huachicol. Al día siguiente apareció en las inmediaciones de la refinería de Salamanca una manta dirigida a López Obrador. La firmaba, supuestamente, el Cártel de Santa Rosa:
“Ahí te dejo un regalito en mi refinería”. En una camioneta habían dejado un artefacto explosivo. La manta señalaba que el cártel comenzaría a matar gente inocente si no se ordenaba la salida inmediata de las fuerzas federales.
El Marro se deslindó de aquella amenaza y señaló como autores del mensaje a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia arreció como nunca antes. El gobierno decidió que siempre sí había que detener al Marro y fuerzas federales y estatales lanzaron el operativo Golpe de Timón y tendieron un cerco en diversos municipios del estado. El 4 de marzo incursionaron de madrugada en Santa Rosa. En un domicilio hallaron palmeras, palapas, salones de juego y una alberca: era el llamado “Resort Huachicol”, un paraíso a disposición del Marro. Aparecieron también sobres con dinero, supuestamente destinado al pago de nóminas, y vehículos empleados para el huachicoleo.
Había también, a la manera del Chapo, túneles que conectaban con domicilios cercanos.
Un mes más tarde, no existe rastro alguno del Marro. De lo que sí hay registro es de un fin de semana de marzo en el que hubo 26 asesinatos, y de cinco días de abril en los que hubo 75. El día 23 de marzo se contabilizaron 15 homicidios más en Salamanca, Celaya y León. Todos, relacionados con el robo de combustible.
El 26 de marzo, cuatro personas que desempeñaban diferentes cargos públicos en Salvatierra, fueron acribillados —paradójicamente— en el bulevar Posadas Ocampo. Entre las víctimas se encontraba el jefe de gobierno del municipio. Uno de los hombres que acompañaba al funcionario intentó huir, pero fue alcanzado 300 metros más adelante por los tripulantes de una motocicleta.
El gobierno federal anuncia triunfalmente que las tomas clandestinas han disminuido de manera drástica en la entidad. Según cifras de Pemex, de 1547 tomas detectadas en 2018, solo se han registrado 97 desde el inicio de los operativos.
La muerte, en cambio, se ha multiplicado. En uno de los estados más prósperos de México ahora solo hay muerte, sangre, violencia sin cuento. Y ni el menor rastro del Marro, por cierto.
