“Ya encontramos a su hijo”, le dijo alguien a la señora Miriam Rodríguez Guise el 19 de septiembre de 2017, a las puertas del Colegio Rébsamen. “Sea fuerte, señora”. En el suelo, a un lado de los escombros, había varios cuerpos cubiertos con sábanas. La mayoría estaban teñidas de sangre. “Éste es su niño”, oyó Miriam. Apartaron la sábana. Ahí estaba su hijo José Eduardo. “Lo toqué. Lo volví a sentir”, recuerda.
Lo había inscrito hacía unos meses en el Rébsamen. Habían llegado ahí porque el colegio en el que el niño cursó el primer año acababa de cerrar. “La fatalidad nos llevó al Rébsamen”, agrega.
Horas más tarde, al recoger el cuerpo, Miriam le preguntó al médico legista de qué había fallecido José Eduardo: “Y no me mienta, de corazón”. El médico respondió: “Una estructura cayó encima de su niño”.
Miriam es miembro de Ángeles Contra la Impunidad, asociación que intenta que se haga justicia a las víctimas del Rébsamen. Mediante la obtención de documentos de 2009 a la fecha, fue constatando la cadena de omisiones, la evidente corrupción que dejó que el colegio funcionara, pese a que una resolución administrativa había determinado su demolición desde agosto de 2010.
Su conclusión es que los niños del Rébsamen no fueron víctimas de un fenómeno natural, sino de la avaricia, la ineptitud, la falta de ética de la dueña y de un conjunto de funcionarios.
En septiembre de 2016, a consecuencia del tránsito ocasionado por nueve colegios ubicados en la misma zona de la delegación Tlalpan, un grupo de vecinos ingresó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) una solicitud para que el uso de suelo de estas escuelas fuera revisado. De ese modo resurgió lo que la delegación ya sabía y había archivado desde 2014: que el Rébsamen excedía el número de niveles autorizados para la construcción y que, de los cuatro predios que conformaban la escuela, sólo uno tenía uso de suelo para jardín de niños; el uso del resto de los predios era habitacional. Sin embargo, ahí funcionaban también una primaria y una secundaria.
Enrique Fuentes, abogado de los padres, señala que la delegación gobernada por Claudia Sheinbaum fue informada, como “tercero interesado”, de todas estas irregularidades. En enero de 2017, el Invea “resolvió que el colegio violaba el uso de suelo, excedía el número de niveles permitidos en dos de sus predios y señaló que no contaba con autorización de Seduvi para funcionar como escuela. Todo eso se notificó a la delegación”, dice Fuentes.
Durante el procedimiento, la dueña del colegio presentó documentos falsos. El Invea la denunció penalmente y la conminó “a que dejara de operar como colegio u obtuviera el certificado de uso de suelo vigente”. Se limitó a imponerle una multa aunque, según el abogado, al descubrirse que el colegio operaba con documentos falsos se debió clausurar la escuela de inmediato.
El Invea alegó, sin embargo, que, según la Ley de Establecimientos Mercantiles, ante irregularidades de giros de bajo impacto, como las escuelas, lo primero que debía hacer era conminar a los propietarios a regularizar su situación. Según el abogado de los padres, el artículo 67 de dicha ley señala que se sancionará con multa y con clausura permanente a los titulares de establecimientos de bajo impacto que hubieren proporcionado información falsa.
La dueña de la escuela, Mónica García Villegas, entabló un juicio de nulidad. La presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aseguró a los padres que el colegio perdió ese juicio, por lo que el Invea debió haber procedido con la clausura.
El director del Invea, Meyer Klip, sostuvo que la resolución no le fue favorable y que se inconformó ante tal determinación: no procedió a la suspensión porque “aún no había un resolutivo firme”.
Mientras tanto, entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, en el colegio se hizo una ampliación de manera irregular. Esa construcción fue la que colapsó con el terremoto. Por si fuera poco, en julio de 2017 se detectó también que el plan de Protección Civil del Rébsamen tenía deficiencias. La delegación le hizo varias observaciones. La ley del Sistema de Protección Civil (artículo 90) indica que la dueña tenía solo cinco días para subsanarlas.
Sheinbaum alegó después que el jurídico del colegio no acudió a la Ventanilla Única Delegacional para recoger dicha prevención. De acuerdo con el abogado de los padres, la misma ley señala, sin embargo, que, en caso de haber observaciones, la delegación debe notificar por escrito al interesado. Esto tampoco ocurrió.
A cinco meses de los hechos, ni un solo funcionario ha sido llamado a declarar. Los padres afirman que la justicia les ha sido denegada.
Sheinbaum intentó poner el expediente del caso bajo reserva. Ayer Infomex-CDMX informó a la delegación que la reserva no procede.
Es la primera luz para los padres, en un evento que, dicen ellos, no es producto sólo de un desastre natural, sino de un acto de impunidad.