El primer feminicidio de 2019, que fue al mismo tiempo el primer feminicidio infantil reportado en el año, no tardó en llegar. La noche del 31 de diciembre una pequeña de nueve años salió a la puerta de su casa a tronar cuetes. Eran cerca de las 19:00 horas.
En la oscuridad de la colonia Poder Popular, en el Valle de Chalco, la pequeña, de nombre Camila, desapareció. La policía municipal la halló horas después —cerca de las dos de la mañana— en un cuartucho de madera y tabicones en el que habitaba Marciano “N”, uno de los cuatro vigilantes de la colonia.
La tarea de Marciano consistía en hacer rondines por la calle. Su turno era de 24 por 24. Los vecinos lo consideraban un muchacho serio y reservado, al que de vez en cuando le daba por la bebida.
El vigilante llamaba la atención por su corta estatura, menor de 1.50. Jamás había dado motivos para que desconfiaran de él.
Las autoridades comprobaron que Camila había sido ultrajada, y luego estrangulada. Su cuerpo había sido cubierto con una manta.
Tras el hallazgo, la locura estalló en Poder Popular. Un grupo de vecinos armados con tubos y palos recorrió las calles en busca del vigilante, con intención “de hacerlo pagar”. Los vecinos causaron destrozos en una decena de inmuebles. Pero Marciano se había esfumado. Eso lo convirtió en el primer sospechoso.
Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, alguien indicó que el vigilante llevaba pocos días en aquel cuartucho: su verdadero domicilio se hallaba a unas calles, aunque hacía poco tiempo había salido de este porque había tenido un disgusto con su esposa.
La mujer fue localizada y admitió que Marciano había estado preso anteriormente por abuso sexual. En 2013 lo acusaron de violar a una adulta mayor. Estuvo tres años preso, pero apeló, ganó y fue liberado.
Apenas volvió a la circulación abusó de una prima menor de edad. Pero el sistema lo puso de nuevo en la calle. Desde ese momento el destino de Camila quedó marcado.
Marciano apagó su teléfono celular y se movió a la comunidad serrana de Monte Alto, en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, en donde tenía algunos familiares. No le contó a nadie las razones por las que había regresado a aquella comunidad ubicada en la parte alta de la sierra. Dijo solo que había tenido “algunos problemas”.
Le dieron trabajo cortando leña. Antes de tres días encendió el celular para llamar a un familiar, avisarle que estaba bien y decirle que se tardaría un tiempo en volver, que luego se iba a reportar.
Un grupo de agentes de la fiscalía, guiados en las veredas por policías municipales de Tlacuilotepec, se trasladó a Monte Alto.
Marciano tenía un hacha en las manos, estaba cortando leña, cuando lo encontraron. “No intentó escapar, no hizo nada, no había cómo”, dijo uno de los agentes que tomaron parte en la detención.
La tarde del 4 de enero, el fiscal Alejandro Gómez avisó en su cuenta de Twitter que el posible homicida de la niña había sido detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, y agradeció al colectivo de la activista Frida Guerrera, cuyos colaboradores habían hecho el acompañamiento con los padres de las víctima, y habían atestiguado incluso el momento de la detención.
Marciano fue trasladado al penal de Chalco. En la primera audiencia, ante el padre de Camila, bajó cobardemente los ojos.
“No me miraba porque sabe lo que hizo”, declaró el papá de la niña.
La fiscalía presume que aquella noche, al hacer su rondín, el vigilante encontró sola a Camila “y probablemente ofreció regalarle algunos cuetes”.
A solo dos horas del inicio de 2019 se descubrió el primer feminicidio del año, que fue al mismo tiempo el primer feminicidio infantil.
Todo pudo haberse evitado. Pero al presunto feminicida alguien lo puso dos veces en la calle.
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