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A las cuatro de la mañana de ayer, elementos del Cuadrante del Sector Granjas recibieron una alerta de radio: disparos en Benito Juárez y Cuitláhuac, colonia Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa.
En el lugar, entre un verdadero río de sangre, los agentes hallaron varios cuerpos tirados en la cinta asfáltica.
Había seis muertos y tres heridos. Se había tratado de una ejecución masiva. Según los vecinos, las víctimas, jóvenes menores de 24 años, regresaban de una fiesta y se quedaron a ingerir bebidas alcohólicas en una plazuela.
La mayor parte de ellos no vio la luz del domingo. Un grupo de al menos diez personas, dijeron los testigos, apareció en el lugar y los atacó de manera directa. Habían ido por ellos.
Uno de los cuerpos quedó a bordo de un taxi. Dos muchachas y un joven de 17 años resultaron lesionados. El piso estaba sembrado de casquillos de 2.23 y 9 mm.
En los últimos años, las ejecuciones del crimen organizado (52% de los homicidios, según el Semáforo Delictivo) se dispararon en la capital del país. En 2018 se habían incrementado 163% con relación al año anterior (según el propio Semáforo). La pugna entre los grupos delictivos por el control del crimen organizado ha arrastrado a la ciudad ante un nuevo panorama, el de las ejecuciones masivas. Apenas el 8 de enero se había registrado en Tláhuac la de cuatro ex policías que fueron cazados a medianoche y acribillados dentro de sus autos en el cruce de Alfredo Carrasco y Reforma Agraria. Más atrás está el antecedente de la ocurrida en la Plaza Garibaldi a fines del año pasado, que entre muertos y heridos dejó 11 personas tendidas a las puertas de una “chelería”.
Todo esto ocurre en un contexto en el que la seguridad le ha estallado entre las manos al joven gobierno de Claudia Sheinbaum. Como se sabe, enero de 2019 fue en la Ciudad de México más violento “que cualquier otro enero del que se tenga información”. Los asesinatos crecieron 80% con relación al mismo mes de 2018.
Al mismo tiempo, según cifras de la propia procuraduría capitalina, las denuncias por violación se multiplicaron por cinco y el robo a pasajeros en el interior del Metro, por ejemplo, aumentó 365%.
Sheinbaum inició una limpia en la Secretaría de Seguridad. Cesó al famoso Jefe Apolo, el policía que tenía en las manos las redes más inconfesables de corrupción en la ciudad y designó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina al licenciado en Economía y maestro en Administración de Empresas Jesús Orta Martínez, quien fungió como oficial mayor durante la administración de Marcelo Ebrard.
Orta fue también secretario general de la Policía Federal y director general de administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quienes lo trataron lo consideran un funcionario honesto, capaz, bien intencionado. Altos mandos de la Policía Federal recuerdan que su capacidad administrativa era tal, “que muchas veces la corporación le quedaba chica”.
Por desgracia, Orta no conoce el trabajo policial: desconoce la calle y sus coladeras. Ignora lo que los elementos formados en las cloacas conocen a la perfección. La corrupción que corroe de manera sistémica el cuerpo policiaco.
Para paliar esa corrupción el nuevo gobierno removió a varios jefes de sector. Y para apoyar a Orta trajo, como subsecretario de Operación Policial, a un antiguo jefe de granaderos, el octogenario Darío Chacón, que entre otras cosas dirigió el operativo, manchado por las detenciones arbitrarias, que se efectuó el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Señalado repetidas veces por supuestos actos de corrupción, compadrazgo y nepotismo, Chacón fue acusado de cobrar “entres” a los elementos y de formar parte, incluso, de ese misterioso pacto de silencio y corrupción conocido como La Hermandad.
Llevaba años retirado. En el medio dicen que su visión corresponde a otro tiempo. En la Secretaría cuentan que a veces se duerme en las juntas. En las calles, mientras tanto, la violencia estalla sin control.
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