“Te voy a agarrar de la mano. Si te sientes mal, me avisas”, le dijo un comandante de la Policía Federal al señor Eduardo Arias. Era la una de la mañana del 20 de septiembre de 2017. Arias llevaba 14 horas a las puertas del Colegio Rébsamen esperando noticias de su hija Alexandra.
Frente a las ruinas del colegio, un padre de familia le había dicho esa tarde: “Gracias a Alexandra, mi hijo está vivo”.
Alexandra cursaba el segundo año de secundaria. Cuando el terremoto de aquel día cimbró el colegio, Alexandra logró poner a salvo a cinco niños. Regresó por el sexto y no volvió.
El señor Arias tenía esperanza de que su hija estuviera con vida bajo los escombros. Cuando el comandante le dijo aquello, supo que no había nada que esperar. Atravesó el patio como un sonámbulo. Había cuatro o cinco cuerpos cubiertos con sábanas teñidas de sangre. El de Alexandra era el último. Estaba abrazando a un niño pequeño. Su padre la reconoció por el rosario que llevaba encima.
Esa madrugada, en Fiscalía número 2, le pidieron 3,500 pesos para no hacerle la autopsia a Alexandra: “Con eso te llevas a tu niña”.
Aquella mañana, el señor Jorge Alejandro Jurado dejó a su hija Paola a las puertas del Rébsamen. Se iba a llevar a cabo un simulacro de sismo, así que le pidió que obedeciera a su maestra.
Ignoraba que la ruta de evacuación marcada por el Programa Interno de Protección Civil pasaba bajo un edificio en el que se había llevado a cabo una construcción absolutamente irregular.
El señor Jurado no lo sabía. Ninguno de los padres del Rébsamen lo sabía. Ignoraban que el uso de suelo de tres de los predios en los que el colegio fue construido era de tipo habitacional: la escuela carecía de permiso para operar como primaria y secundaria.
Ignoraban que en el colegio se habían levantado ilegalmente más de tres niveles y que desde el 13 de agosto de 2010 se había emitido una resolución administrativa que determinaba la clausura y demolición de la obra.
En el largo historial del Rébsamen había varias órdenes de clausura total (2011, 2014). Y, sin embargo, éstas nunca fueron cumplidas. Por el contrario, sin que exista evidencia de que las irregularidades fueran subsanadas, en la delegación Tlalpan se archivó el expediente como asunto concluido el 9 de diciembre de 2014.
Paola estaba entre los 19 niños que aquella tarde infernal no lograron salir del Rébsamen. A Jorge Alejandro Jurado y a su esposa los llamaron a las 5 de la mañana para que identificaran a la pequeña. La reconocieron por un moño azul, sus pulseras, sus zapatos, su cadenita.
Durante la espera entre los escombros, varios padres comenzaron a preguntarse qué había pasado, por qué las varillas del edificio se habían partido en dos “como lápices”, por qué las columnas se hicieron polvo, por qué de los 19 niños muertos 15 eran de segundo año de primaria.
En las misas, en los rosarios, intercambiaron teléfonos. Comenzaron a investigar. Pronto averiguaron que algo muy grave había ocurrido en el colegio. Que a sus hijos no los había matado el terremoto. Que esos 19 niños deberían estar vivos, pero alguien no había cumplido con su deber, no había hecho su trabajo.
Formaron la asociación Ángeles contra la Impunidad. Intentaron obtener planos del inmueble, licencias de construcción y ampliación, permisos de obra, los documentos relacionados con el uso de suelo y las constancias de seguridad estructural.
La entonces delegada de Tlalpan, y hoy precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se entrevistó con ellos y les compartió un expediente “que sólo llegaba hasta 2014”. Es decir, un expediente que no incluía lo que había ocurrido bajo su gestión.
Antes de irse como precandidata, Sheinbaum reconoció anomalías graves en el otorgamiento de permisos de ampliación del colegio (responsabilizó a funcionarios de dos administraciones anteriores), subió a la página de la delegación cuatro documentos, que luego bajó del sitio, y finalmente determinó que toda información relacionada con el Rébsamen sería “clasificada como restringida en la modalidad de reservada” (“pues hay un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio”).
Los padres consideran esto una artimaña “que nos cancela el derecho a saber por qué pasó lo que pasó con nuestros hijos”.
En septiembre de 2016, ya bajo la gestión de Sheinbaum, el Invea inició una nueva investigación: resolvió que el colegio violaba el uso de suelo y excedía el número de niveles permitidos; reveló que el colegio no contaba con la autorización de Seduvi para operar, y denunció que la dueña había presentado documentos falsos.
Según Enrique Fuentes, abogado de los padres agrupados en Ángeles contra la Impunidad, la delegación fue notificada “como tercero involucrado”. “La delegada tenía la obligación de actuar, pero se abstuvo. Permitió que el colegio continuara”, dice Fuentes.
(Continúa mañana)