Maximino Rodríguez fue asesinado el pasado Viernes Santo (14 de abril de 2017), en un centro comercial de La Paz, Baja California Sur. Llevaba poco más de dos años trabajando para un blog de denuncia ciudadana y noticias sobre corrupción.
Cuando el periodista, de 73 años, arribó al estacionamiento, un sujeto bajó de una pick-up y le disparó en 12 ocasiones con un “cuerno de chivo”.
Por versiones de los testigos las autoridades lograron establecer que en el homicidio habían tomado parte al menos cuatro personas. Un chofer, el hombre que disparó y dos sujetos que sirvieron de muro.
Más tarde se sabría que un quinto hombre se encargó de seguirlo, que lo perdió de vista y se comunicó con sus cómplices para informarles. El hombre que atendió la llamada respondió: “No importa, ya lo hicimos”. Maximino yacía en el piso del estacionamiento, en medio de un charco de sangre.
Un empleado de Sears dijo que la camioneta empleada por los asesinos era blanca o plateada, y había salido con dirección a la gasolinera de la plaza. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, entró en contacto con la procuraduría estatal. Se pidieron los videos de seguridad de las tiendas cercanas.
Dos días más tarde, los investigadores que llevan el caso tuvieron la certeza de que el arma homicida había sido empleada en un hecho de sangre que se verificó el 5 de abril de 2017. La línea de investigación apuntó al crimen organizado.
Un compañero de Max Rodríguez dijo que el periodista había comenzado a escribir notas relacionadas con el narcotráfico desde hacía tres años, “derivado de la violencia que se vive en el estado”.
Tres días antes de su muerte, Rodríguez había escrito una nota en la que hacía referencia al jefe de plaza en Baja California Sur, un individuo apodado El Colores. A este jefe criminal se achacaban los hechos del 5 de abril.
Los videos arrojaron la ruta de la camioneta en que los homicidas escaparon. Los responsables del asesinato se habían refugiado en un domicilio del Fraccionamiento Las Américas. El vehículo fue asegurado durante un cateo. Pero los criminales ya no estaban.
19 días más tarde, la Policía Federal anunció que acababa de detener a tres hombres en posesión de armas y narcóticos. Ahí estaba el arma larga empleada en el asesinato, y también una huella digital.
Lo más importante fue que en la camioneta en que la Federal detuvo a los tres hombres se halló una memoria USB. Contenía 10 fotos de Max Rodríguez. La huella encontrada en el arma estaba también en el vehículo en el que los asesinos huyeron. El 31 de mayo había cuatro órdenes de aprehensión. Se sabía también que los asesinos formaban parte de las llamadas Fuerzas Especiales de Dámaso López, El Licenciado.
El 21 de junio una persona de identidad reservada se comunicó con las autoridades y les reveló el nombre de un individuo apodado El Güerito. Había sido el encargado de seguir al periodista. Reveló también que el homicidio era una venganza del líder criminal. La razón: Rodríguez no había querido “parar”.
El periodista había recibido amenazas desde noviembre de 2016. Las desestimó con este argumento: “Acuérdate que éstos no amenazan: actúan”.
En una entrevista confesó que le hablaron por teléfono para decirle “que ya le pare, que no lo haga, que me va a cargar”. En una ocasión prorrumpió en carcajadas porque el hombre que le habló para amenazarlo se anunció como “el abogado de mi cliente”,
Cinco meses antes del asesinato, en un puente de la colonia El Rosarito, en San José del Cabo, colgaron una narcomanta. Se exigía a Rodríguez mantenerse al margen. El aviso cerraba con esta frase: “No somos moscas para que nos mates a periodicazos”.
La narcomanta señalaba que la PGR y la procuraduría estatal habían “vendido la plaza” pese a que ésta se hallaba ocupada por el Cártel de Sinaloa (Dámaso López era el segundo de El Chapo).
El artículo que al periodista le costó la vida informaba que El Colores había perdido fuerza en el estado. En la barra de comentarios alguien escribió: “Hora si pinche seudoperiodista corrupto mentiroso”.
La realidad es que El Colores tuvo que irse del estado (se cree que huyó a Sinaloa). Ayer se giró una orden de aprehensión contra el quinto involucrado.
La colaboración entre las dos procuradurías, federal y estatal, logró, prácticamente, cerrar el caso.
Queda al menos ese consuelo.