El lunes próximo se cumplen 81 años de la expropiación petrolera realizada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. En los días previos, el tema de las condiciones de operación de Petróleos Mexicanos, la orientación inmediata de sus actividades y las inversiones a realizar para dar contenido a cambios que se observan como imprescindibles han ocupado parte importante de la agenda pública.
Los años del notable rendimiento de algunos yacimientos petroleros, en particular del mega-yacimiento Cantarell, quedaron atrás sin dejar huella perdurable en la economía de México. Entre 2004 y 2006 Cantarell llegó a su pico, lográndose una extracción de algo más de 2 millones de barriles diarios de hidrocarburos. Fueron años de altos precios internacionales del petróleo y también en los que la mayor parte de lo extraído se exportaba, sin considerar opciones de utilización en el país. Se descuidó la refinación y tampoco se destinaron recursos adecuados para la exploración y el mantenimiento adecuado de las reservas.
La política de extracción a toda costa para exportar petróleo ejecutada en ese periodo implicó inyectar cantidades de nitrógeno muy por encima de los volúmenes máximos aceptados en el conjunto de la industria, acelerando la salida del petróleo, pero también acortando la vida útil del yacimiento y dejando bajo tierra y, en esta caso, bajo el agua, cantidades importantes de gas natural con el nitrógeno introducido. Los ingresos obtenidos por la exportación del hidrocarburo, teniendo en cuenta el alza en los precios, no contribuyeron a generar condiciones de sustentabilidad y crecimiento en Pemex. Menos aún se articularon con plan alguno para avanzar en el desarrollo de fuentes alternativas de energía, que tuvieran en los ingresos excepcionales producto del alza en los precios del petróleo un elemento de financiamiento. Tampoco se vincularon con crecimiento en las industrias que realizan la refinación y los procesos ulteriores de transformación de los hidrocarburos. Incluso no se constata utilización de recursos provenientes de esa fuente para el desarrollo de infraestructura en el país.
En los años siguientes se mantuvo esa opción de utilización de Pemex, enfatizando su carácter de gran recaudador, por el manejo de los precios de las gasolinas. En la administración federal de Peña Nieto se realizaron varios cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para profundizar el modelo de explotación de los hidrocarburos fundado en la extracción acelerada y la exportación. En ese modelo Pemex era un participante más que debía concentrar recursos en la extracción de hidrocarburos. En esa tarea se permitía el concurso del capital privado, como parte de un esquema que no consideraba restricciones significativas en la materia. En todo caso el objetivo sustantivo del gobierno federal, según ese esquema, era incrementar en la medida de lo posible los recursos fiscales provenientes de la extracción y exportación de petróleo.
Es un modelo de organización de la industria petrolera que no es compatible con el crecimiento sostenido de la economía. Tampoco permite que la industria petrolera actúe como un impulsor de otras actividades manufactureras en el país. Incluso, una parte considerable de los beneficios de esta actividad se realizan en el extranjero. Pero también, genera problemas adicionales para el financiamiento de las cuentas con el exterior, en tanto la balanza comercial petrolera funciona con déficit.
Un problema relevante para alcanzar un mayor crecimiento de la economía es contar con actividades económicas que no demanden más divisas de las que generan, a la vez que impulsan a otras actividades económicas en el país. Por todo ello es imprescindible cambiar el modelo de funcionamiento de la industria petrolera y en particular el papel de Pemex. Es necesario realizar actividades de exploración e incrementar las reservas probadas de hidrocarburos. También debe crecer la extracción de petróleo. Todo a la vez que se realiza la reconfiguración en las seis refinerías que operan en México. Pero también se avanza en la construcción de una nueva refinería que modifique de fondo la capacidad del país en la materia, para eliminar la restricción al crecimiento de la economía que implica mantener el actual funcionamiento de la balanza comercial petrolera. En el contexto del 81 aniversario de la expropiación petrolera y la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser aprobado por el Poder Legislativo, es necesario profundizar la discusión en la materia, teniendo en cuenta que constitucionalmente el petróleo pertenece a la Nación.
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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