En estos días se discute en el Senado de la República la propuesta de reforma laboral que según consideraciones del gobierno federal permite avanzar en el proceso de aprobación del T-MEC. La reforma tiene origen legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que si es aprobada sin modificaciones es posible que en un breve tiempo se aplique. Según el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, aun cuando faltan propuestas por atender, la reforma permite avanzar en la democracia, la transparencia y la libertad sindical, además de generar certidumbre en el empleo y buscar reordenar el mundo del trabajo. Sin duda, el tema de la ocupación y sus condiciones es sustancial para avanzar en un cambio en el país y lograr reducir sustancialmente la desigualdad y la exclusión social. De acuerdo con la información del Senado, la reforma laboral será sometida para su aprobación por el pleno de esa cámara antes de que se publique esta colaboración. La reforma aprobada se presenta cuando las cifras sobre la ocupación, el peso de la informalidad laboral y otros indicadores sobre condiciones críticas de la ocupación no presentan cambios positivos en el curso de meses recientes.
Las cifras que publica el Inegi, resultado de la aplicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondientes a marzo de 2019, dan cuenta de un mundo del trabajo caracterizado por la desigualdad y la exclusión social. Es el resultado de una dinámica de funcionamiento de la economía de muchos años. Está ampliamente documentado que desde hace varios gobiernos se impulsó una estrategia de crecimiento fundada en bajos salarios que se acompañó de una multiplicación de la informalidad laboral. En las décadas previas el pago a trabajadores de industrias como la automotriz en México fue crecientemente menor al recibido por sus pares en Estados Unidos y Canadá. Además se acentuó un régimen laboral que fomentó la subcontratación vinculada a condiciones de informalidad laboral. Un resultado es el alto nivel de la informalidad laboral existente al concluir la administración federal anterior. Según cifras del Inegi, al final del cuarto trimestre de 2018 la tasa de informalidad laboral de la población ocupada en México era de 56.5%. En años previos se tuvieron cifras superiores a 58%. Lo notable es que no se logró una disminución sistemática y relevante. Para finales del primer semestre de 2019 tampoco se observa una modificación positiva, la informalidad laboral reportada es de 57.1%. Hay otros indicadores, como el de condiciones críticas de ocupación que también presenta un incremento.
A marzo de 2019 los que laboran en condiciones críticas son 19.5% del total de los ocupados. Un año antes la cifra fue de 15.9%. Se refiere a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, sumadas a las que trabajan más de 35 horas con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas con una remuneración de hasta dos salarios mínimos. Son cifras cuya modificación y reducción será resultado de un cambio importante en el comportamiento de la economía que se vinculará a un incremento en los salarios de una gran cantidad de la población.
Para alcanzar un cambio de esta envergadura es necesario establecer desde ahora las políticas que lo impulsen y lo hagan posible. En ningún caso serán resultado de mantener el modelo económico. Es imprescindible establecer las metas de crecimiento del PIB en los años siguientes compatibles con incrementos en la ocupación formal y los medios que las hagan posibles, el aumento de la inversión, destacadamente de la inversión pública. Por tanto, en todo el sector público deben ejecutarse políticas que eliminen la subcontratación y como criterio debe extenderse a contratos y adquisiciones que realicen con el sector privado. Sin la modificación de las condiciones de ocupación para la mayor parte de la población y la reducción sustancial de la informalidad laboral y de las condiciones críticas de la ocupación no es posible el desarrollo. Inclusión y bienestar social no existen sin incrementos sustantivos en los ingresos de gran parte de la población y la reducción sustancial de la informalidad laboral.
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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