En los cuartos de final del Clausura 2017, se enfrentaron a golpes algunos seguidores de Tigres y Rayados. Un video del comentarista de Televisa Antonio Nelli delató cómo, en el nuevo estadio del Monterrey, seguidores de los Tigres fueron brutalmente atacados. Asimismo, circularon muchos videos de aficionados que ahí estaban, quienes —asustados— subían agresiones evidentes de pseudoaficionados.
El 13 de mayo, la Comisión Discilinaria anunció que se abriría una investigación por estos hechos. La resolución se dio a conocer el 26 de mayo, vetando al estadio con un partido. Sin embargo, el 7 de junio, la propia Disciplinaria quitó el castigo, argumentando que hubo dos confrontaciones dentro del inmueble, pero duraron menos de dos minutos, lo que le pareció insuficiente para castigar.
¿A que viene todo esto? Hace unos días, la directiva de los Rayados anunció que se le prohibía la entrada a aficionados con camisetas de Tigres para el partido en su estadio, a celebrarse en la última jornada de Liga. Argumentan que es de alto riesgo, lo que evidencia la desfachatez de no trabajar en la seguridad, porque si del último pleito han pasado casi seis meses, se ve que no han hecho maldita la cosa para garantizar la seguridad y prefieren cometer actos discriminatorios antes de poner una solución.
Terrible que la Liga MX permita este tipo de actos de discriminación y que Monterrey publique tan insensato anuncio. Qué inoperancia del gobierno de Nuevo León, que accede a abrir un estadio sin que ofrezca seguridad y tranquilidad a los visitantes. Es reconocer que no pueden, ni las autoridades municipales ni el equipo de futbol, controlar a “bestias” disfrazadas de aficionados. Los sobrepasa, así que mejor aplican medidas anticonstitucionales.
La Profeco reaccionó de inmediato y solicitó a los Rayados entregar, de aquí a mañana, la argumentación por la que prohíben que los seguidores de Tigres entren con sus camisetas al clásico norteño. Ahí es donde se les puede voltear todo, porque reconocer que no saben organizar un operativo de seguridad efectivo y que por “palancas” en la Federación evitaron que les castigaran hace seis meses, hará que la Procuraduría Federal del Consumidor se pitorree de sus decisiones. Es más, para este caso no es solamente la Profeco la que debería reaccionar, sino el gobierno local, y si no cumplen con lo que dicta la ley, no deberían permitirles abrir el estadio al público.
No todos los que se ponen una camiseta de su equipo son pendencieros. Ojalá que la Liga y las autoridades locales no permitan semejante acto de discriminación y se pongan a trabajar para evitar los pleitos en los estadios. Credencialización de verdad, detectores de metales, cámaras y operativos serios, sin brutalidad policiaca, podrían aplicarse, antes de seguir cometiendo discriminación al estilo regio.
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