En días pasados fuimos espectadores de la nueva modalidad de intimidación en nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos : la imposición arancelaria , como el arma más eficaz para obligar a un socio comercial a modificar sus políticas internas, como es la migratoria, en el caso de México.
¿Cuál es la condición, que no la petición, en la era Trump para mantener nuestra relación bilateral sin la amenaza de la recesión?: endurecer nuestras medidas migratorias en nuestras fronteras, para frenar los movimientos de población del sur, por donde entran todos los indocumentados de Centroamérica, cuya mayor motivación es escapar de prácticas nocivas que, al amparo de gobiernos ineficientes o cómplices por acción u omisión, han violentados sus derechos humanos .
Estos movimientos migratorios contemporáneos, a decir de expertos, difícilmente se les puede encuadrar como migraciones económicas voluntarias, dada su magnitud y características. Incluso, se ha puesto sobre la mesa considerarlas migraciones forzadas , por surgir de circunstancias similares a las de los desplazamientos forzados. Ambos obedecen a nivel nacional e internacional a causas similares: conflictos armados , violencia generalizada, violencia sociopolítica, desastres naturales , crimen organizado nacional y trasnacional, violencia de género, y más recientemente, por políticas de desarrollo que auspician industrias extractivas a gran escala, con su consecuente impacto ambiental y social.
El compromiso mexicano no son sólo los 6000 efectivos de la recién creada Guardia Nacional . Es mayor aún: Reforzar el Programa Protocolos de Protección a Migrantes, y recibir en tierra mexicana a los migrantes que envíe Estados Unidos, mientras éste desahoga las miles de solicitudes de asilo que tiene en trámite. Reto no menor, si consideramos que México no cuenta con mecanismos de Protección Temporal eficaces ante una afluencia masiva de migrantes, ni recursos que garanticen los derechos de personas refugiadas, desplazadas o con necesidades de protección internacional.
Entre otras acciones también se ha planteado la posibilidad de que nuestro país solicite a Brasil y Panamá , que se corresponsabilicen de la problemática migratoria que aqueja a la región. Sin embargo, no se vislumbra una política integral y articulada, que se enfoque en atacar las causas de la crisis de migración forzada de miles de personas, de la que nuestro país ya empieza a pagar los costos.
Esta problemática no puede resolverse con medidas de contención, porque estos movimientos de población no obedecen a actos voluntarios. Nadie arriesga su vida y su estabilidad por la búsqueda de un sueño. En muchos de los casos la apuesta es por la propia sobrevivencia, como es el caso de los menores no acompañados .
La categorización es fundamental para visualizar la política. Abordar la migración como desplazamiento implica reconocer la responsabilidad estatal del fenómeno, que en el caso del Continente americano, abarca a todos sus países en distintos grados. En ese sentido, no se pueden invisibilizar las causas de salida de todas esas personas, ni promoverse acciones que deshumanizan como militarizar las fronteras , pues ello agrava la circunstancia de quienes ya son agraviados por su condición.
La manera más responsable de enfrentar esta crisis sería asumir el liderazgo de promover regionalmente la creación de un Instrumento vinculante de Protección para abordar este fenómeno de forma integral y con un enfoque de derechos humanos, que involucre a todos los países de la región. Dicho mecanismo fue propuesto por los expertos desde las Conferencias Regionales Humanitarias sobre Migraciones Forzadas (ICRH) de 2010 y 2014.
Si bien estamos lejos de la realidad europea, bien podríamos asumir algunas premisas que ellos ya están implementando como: La inmigración debe ser segura, ordenada y regular para quienes buscan empleo. Tratamiento especial merecen mujeres y niños.
Su atención debe ser prioritaria en el presupuesto de los países destino. Se debe categorizar el sistema de visado de acuerdo a la condición de cada persona (refugiados, profesionistas, inversionistas, estudiantes, humanitarias).
Los reasentamientos deben ser parte de dichos programas, combatir las redes criminales de tráfico de personas (cuya ruta es identificable por los secuestros de migrantes). Establecer cuotas para recibir permanentemente a inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, es otra de las propuestas. Crear un Sistema Común de Migraciones , podría ser una alternativa para empezar a trabajar más coordinadamente como países latinoamericanos.
Las responsabilidades nacionales también tendrían que consignarse para su evaluación. De no ser así, todo se reducirá a administrar una crisis, cuyas medidas de contención siempre serán insuficientes. La migración debe dejar de ser el tema incómodo y transformarse en una política de Estado. No porque lo solicite Trump, sino porque ya es una realidad que está en los límites de ser una problemática nacional, y cuya atención ya no puede posponerse.
@Biarritz3