Cuando AMLO sostuvo que al vender el avión presidencial México ahorraría cien millones de dólares, se equivocaba de punta a punta. ¿Razones? El aeroplano no es propiedad de México y, por ende, no puede enajenarlo. Es como quien arrienda un automóvil en una agencia y tratara de venderlo sin tener derecho a ello. Si el gobierno mexicano hubiera adquirido el avión por medio de un contrato de compraventa, sin duda alguna podría colocarlo entre los multibillonarios de los Estados Unidos y tratar de recuperar así una parte los recursos públicos invertidos. Solo que la operación de marras se llevó a cabo por medio de un contrato de arrendamiento financiero llamado leasing, por medio del cual el arrendador, o sea el legítimo propietario, concede al arrendatario el uso y goce del aparato mediante el pago de una renta mensual. Al término del contrato se puede ejercer una opción de compra, con la cual el activo ahora sí podría pasar a ser propiedad de quien hubiera sido el arrendatario. En el evento, como es el caso, que el gobierno decidiera dar por terminado anticipadamente el contrato de referencia, entonces tendría que pagar las penalizaciones pactadas que podrían elevarse a más de 90 millones de dólares. Es decir: México no habría ahorrado 100 millones de dólares al vender el avión, sino que tendrá que desembolsar coactivamente la cantidad antes mencionada.
Otro error de cálculo lo encontramos en los elevadísimos castigos por intentar cancelar la construcción del NAICM. Los tenedores de los “bonos verdes” por valor de 6 mil millones de dólares con los que se planeaba, entre otros financiamientos, concluir la edificación de la obra de ingeniería civil mexicana más importante nuestra historia no están dispuestos a aceptar pérdidas patrimoniales solo por el capricho del presidente de la República. Los tribunales mexicanos son incompetentes para conocer de este asunto. Así de fácil. Existe obviamente un contrato, en donde se especifican las penalizaciones en el evento que México quisiera dar por terminado anticipadamente la relación contractual. A nadie escapa que los 1,800 millones de dólares con los que el gobierno pretende adquirir una parte de dichos bonos, o sea, más de 36 mil millones de pesos, irían a dar directamente al bote de la basura en un país con 50 millones de compatriotas en la pobreza. A lo anterior habría que agregar otros 150 mil millones de pesos ya invertidos en el aeropuerto, que de llegar a cancelarse definitivamente, quedarían como un monumento a la insensibilidad, a la necedad y a la torpeza más grande de la que se tenga memoria. Alguien tendría que atreverse a explicarle a López Obrador que la única opción existente para no continuar dañando el crédito público de México y rescatar esa montaña de dinero hoy enterrada es continuar con el NAICM, sobre la base de que un consorcio empresarial le devuelva al gobierno federal en un plazo convenido, los capitales invertidos en la obra y se le concesione a la iniciativa privada para su debida explotación con sus enormes beneficios económicos y sociales.
Pero hay más, muchos más errores de cálculo, como el catastrófico daño causado a las afores, esos magníficos fondos de ahorro de los trabajadores mexicanos que han visto severamente dañado su futuro económico, ya que se tenían invertidos miles de millones de pesos en el aeropuerto. La decisión de la cancelación se traduciría en una pérdida gigantesca cercana a los 136 mil millones de pesos que estaban destinados a financiar sus pensiones y sus jubilaciones. Un presidente que se dice de izquierda, ¿puede dejar sin empleo, por lo pronto, a casi 50 mil empleados del NAICM y no le agrede ni le alarma que el fondo de ahorro de los trabajadores se vea tan lastimado por un capricho suyo?
En este delicado recuento me resulta imposible dejar en el tintero los supuestos beneficios que el gobierno hubiera llegado tener al reducir los ingresos de la alta burocracia. En la decisión no solo se perdió de vista que la Corte podría llegar a frenarla, tal y como ocurrió, sino que no se tomó en consideración que si un funcionario público ganaba 100 mil pesos mensuales y sus ingresos se le reducían, modo de ejemplo, a la mitad, el ahorro por este concepto, según la autoridad sería por 50 mil pesos. ¡Falso! En los 100 mil pesos del caso, al funcionario se le retenían, pesos más pesos menos, el 30% por concepto del ISR que ya eran recursos propiedad del gobierno, de modo que el ahorro se podría reducir a 20 mil pesos. A lo anterior habría que agregar el importe de la indemnización por despido del funcionario que no iba aceptar la reducción arbitraria de su salario cuando tiene a su favor protecciones legales para impedirlo. La alta burocracia podría aceptar la disminución de su salario siempre y cuando se le liquidara en términos de ley y se le volviera contratar. En este caso la indemnización a los trabajadores al servicio del Estado se elevaría a 150 mil millones de pesos que deberían aparecer en el próximo presupuesto federal de egresos.
Otro error de cálculo consiste analizar el castigo que resentirían las finanzas nacionales si se subieran o dispararan las tasas de interés derivadas de la monstruosa deuda pública contratada por Peña Nieto y Videgaray. Por cada punto que se incrementen las tasas de interés, México tendrá que pagar alrededor de 70 mil millones de pesos, lo cual podría afectar el presupuesto público del 2019 y los planes de auxilio social del presidente. No quisiera imaginarme que la banca mundial nos subiera 2 o 3 puntos las tasas de interés ante el evento, nada remoto, que se incrementara el riesgo país y se nos bajara nuestra calidad crediticia. Menudo desastre.
En resumen, a la temeraria decisión del AMLO de controlar los mercados y cancelar el aeropuerto como parte de un arrebato deben sumarse los errores de cálculo, en donde el conjunto equivale a ir sentados en un tobogán sin control en dirección al abismo. Estamos a tiempo de rectificar...
Twitter: @fmartinmoreno