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“Corrupción” fue la palabra clave utilizada una y mil veces por López Obrador, hoy presidente virtual de todos los mexicanos, durante su intensa y exitosa campaña presidencial en los últimos 6 años. “La corrupción —declaró en repetidas ocasiones— es el principal problema de México, es el cáncer que está destruyendo al país y, por eso, vamos a acabar con ella”. “Barreremos las escaleras de arriba abajo”. “Para transformar a México debemos desterrar la corrupción y la impunidad, esa será la misión principal de mi gobierno”. “La corrupción le cuesta a México 30 mil millones de dólares”. “Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza”.
Corrupción, corrupción, corrupción, sí, corrupción, pero mal comienza López Obrador el proceso de cambio para erradicarla desde el momento en que se resiste, por la razón que se desee, a nombrar a un fiscal independiente, genuinamente autónomo, extraído de las filas de la sociedad civil. ¿Qué tal el ejemplo impuesto por Zedillo cuando nombró a un panista como procurador general de la República? Si se trata de construir un verdadero Estado de Derecho con el que jamás hemos contado los mexicanos a lo largo de nuestra dolorida historia, entonces el fiscal general de la República debe ser apartidista, imparcial, sin conflictos de intereses con el poder público, que pueda investigar, con todas las garantías legales, hechos constitutivos de delito para purgar indistintamente a cualquiera de los tres Poderes de la Unión de agentes nocivos y putrefactos que descomponen el organismo estatal.
¿Por qué razón se niega López Obrador a nombrar a un fiscal propuesto por la sociedad civil? ¿Porque no cree en ella, según lo repitió hasta el cansancio? ¿Acaso dicha sociedad no es parte fundamental del pueblo que, como dice el virtual jefe del Ejecutivo, “tiene un instinto certero” y es “sabio y sabe lo que le conviene.” En este caso, el pueblo, llamado sociedad civil, sí sabe lo que le conviene y se opone a que el fiscal sea propuesto por el presidente y que sea ratificado por el Senado. Primero se debe construir en términos de nuestra Carta Magna, reformando el artículo 102, un sistema legal anticorrupción, es decir, edificar una casa propia y, acto seguido, nombrar con lupa a los inquilinos. No se puede cambiar todo para que las cosas sigan igual o peor. En Morena no hubo un filtro moral o ético que impidiera el acceso de pillos a la organización política promisoria con la que se pretender edificar el México moderno. Dicho fiscal independiente podría ser la herramienta idónea para captar la confianza y la buena voluntad de los ciudadanos, algo así como la señal esperada para extirpar del sector público a los rufianes que lo han acaparado a su gusto y antojo con absoluta impunidad. En cada ocasión que el presidente López Obrador encarcele a un presupuestívoro, el electorado recibirá la noticia como una caricia en la espalda y mientras más se aparte de este noble objetivo, sobre todo en lo que hace a la presente administración, más se lastimará su imagen pública y extinguirá su impactante capital político. Lo anterior, por un lado, y por el otro, la inacción penal consistirá en la prueba irrefutable de un pacto previo entre AMLO y Peña Nieto, y de ser así, habríamos asistido a una de las peores traiciones cometidas en contra del pueblo de México desde los años perversos en que el pintoresco Antonio López de Santa Anna, de patético recuerdo, por llamarlo de alguna manera, dirigía el país. ¡Qué pésima lectura de nuestro futuro tendríamos los mexicanos si el fiscal general de la nación fuera un subordinado del presidente que investigara supuestos actos criminales de acuerdo con las instrucciones superiores…! El fiscal no puede recibir instrucciones ni presiones de nadie!...
En España el fiscal es nombrado por el rey a propuesta del gobierno, “oído el Consejo General del Poder Judicial” y en ningún caso de las Cortes Españolas. La elección debe recaer entre juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y tiene carácter de autoridad en todo el territorio español, algo así como si en México propusiera el presidente a un reconocido jurista con 15 años de ejercicio profesional y lo sancionara la Suprema Corte y no el Senado, un Senado, por cierto controlado por el jefe del Ejecutivo. En Brasil se trata de una rama independiente del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. (Preguntémosle a Lula…) Su autonomía de gestión está a la vista. En Colombia y Perú, acontece lo mismo: la Suprema Corte resuelve finalmente sin la opinión del congreso ni asamblea alguna.
¿De qué se trata, en resumen? Pues que el jefe del Ejecutivo, sea quien sea, carezca del mínimo control del fiscal de la nación y éste pueda investigar delitos, denunciarlos y castigarlos sin contagios de carácter político. En México existen juristas honorables de intachable reputación que deberían integrar la terna que propondría López Obrador a solicitud de un “pueblo sabio que sabe lo que le conviene.” Si la soberanía radica en el pueblo, pues en este caso el pueblo demanda el nombramiento de un fiscal anticorrupción ajeno a Morena y a cualquier otro partido político. Por el bien de todos, primero la justicia, la justicia, la justicia…
Twitter: @fmartinmoreno
