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La desaseada remoción de Santiago Nieto como fiscal electoral ha venido a irritar aún más a la nación, en lo particular al electorado más o menos informado del país. El desprecio por la sociedad es evidente. Existe un “sí, ¿y qué…?” A ver, ¿qué…? ¿Quién da el primer paso…?
¿Nada es suficiente? A nadie escapa el patético hartazgo de la sociedad en torno al desempeño ético del gobierno. En escasos 10 días sale Leonardo Curzio sospechosamente del aire, renuncia también sospechosamente Raúl Cervantes como procurador, después de anunciar la terminación de la investigación del escandaloso asunto ”Odebrecht”, cuyas conclusiones se negó a presentar ante la opinión pública. Un “ahí se los dejo” agregó Cervantes con gran “valor civil” y presentó su repentina dimisión a la procuraduría, encargada, entre otros objetivos, de investigar hechos constitutivos de delitos. Para concluir, Alberto Elías Beltrán, a escasos días de haberse ocupado del despacho, cesó sospechosamente a Santiago Nieto alegando como causal el hecho de haber transgredido el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. ¿El qué…? ¿El código…? Desde cuándo dicha institución pérfida y desleal con los más caros intereses de México, posee un código de semejante naturaleza y de existir, por qué jamás se ha puesto en práctica?
Peña Nieto prometió erradicar la corrupción durante su campaña presidencial. Al salir electo juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan y si no que la nación se lo demande… Pues bien: otra vez se ha dado el caso. En este momento no hay procurador general ni fiscal anticorrupción ni fiscal encargado de los delitos electorales cuando han arrancado los procesos electorales.
¿Por qué no recordar en este breve espacio a Elliot Richardson, fiscal general en Estados Unidos, durante el escándalo de Watergate, quien presentó su renuncia al rechazar las delictivas instrucciones de Richard Nixon, quien acabó renunciando como Jefe de la Casa Blanca? ¿Qué otros procuradores renunciaron por el mismo motivo? Richard Kleindienst y William Ruckelshaus. Sí, sí, lo que sea, pero en México no existen los Richardson ni los Kleindienst ni los Ruckelshaus.
Sin embargo, Santiago Nieto fue confirmado, en su momento, por medio de una votación unánime en el Senado de la República, institución que cuenta con los dispositivos legales no solo para cancelar su remoción, sino para llamar a cuentas a Elías Beltrán para exigirle una explicación en torno a su decisión, por otro lado sospechosa de encubrimiento y absolutamente pueril.
Hoy martes, el “H” Senado de la República tiene la gran oportunidad política e histórica de demostrar la validez del lema colocado con letras de oro en la tribuna desde donde se debe, en principio, construir el futuro de México: “La Patria es Primero.” Bien, si en efecto lo es, es obligatorio demostrar la honorabilidad de esta institución, para lo cual debe confirmar en la fiscalía electoral a Santiago Nieto, en el entendido de que cualquier legislador que se oponga será cómplice.
Es evidente que Elías Beltrán no cesó a Nieto como consecuencia de un arrebato legalista, como también resulta obvio que Osorio Chong tampoco decidió su remoción, ésta solo pudo ser una orden directa de Peña Nieto. Y si así es, como lo es, entonces éste debe guardar y hacer guardar la ley, porque en esta temeraria coyuntura la nación se lo demanda…
fmartinmoreno@yahoo.com
