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Señor Presidente de la República, estimados colegas, señoras y señores: a modo de resumen y de acuerdo a lo antes expuesto en este día de mi toma posesión como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, someto a su muy superior consideración, las siguientes conclusiones:
El éxito económico, social y cultural de un país depende de la alianza de fuerzas entre el sector público y el privado. No existe ninguna nación del mundo que haya logrado disparar meteóricamente el ingreso per cápita de sus ciudadanos ni rescatar de la pobreza a los doloridos marginados ni que haya experimentado un acelerado crecimiento económico ni un eficiente desarrollo social, educativo y cultural que no haya trabajado previamente un pacto de eficiencia máxima entre el gobierno y el sector productivo. He a hí la clave de la prosperidad de la naciones. Instituciones, gobierno y gobernados, hombres y mujeres, mexicanos, todos tomados de la mano para alcanzar un bien común: México, en el entendido que solo tenemos una sola patria a la que le debemos cuánto somos y seremos.
Las autoridades públicas respectivas estarán encargadas de construir y de hacer respetar un Estado de derecho que contenga las reglas de operación y convivencia civilizada con las que se instrumente y garantice un eficaz sistema de impartición de justicia, además de un moderno aparato educativo que junto con la sociedad colabore ejecutivamente en la formación de los ciudadanos del futuro. Al gobierno le corresponde llevar a cabo las obras de infraestructura necesarias para facilitar las transacciones comerciales y financieras a cargo de la iniciativa privada, de cuyo feliz desempeño, en el contexto de un círculo virtuoso, habrá que generarse riqueza, la misma que aprovechará el gobierno para imponer gravámenes imprescindibles para financiar el gasto público en beneficio de la sociedad. Comparemos a países con empresarios y a países sin ellos y evaluemos el desastre social sin la presencia de los emprendedores.
Ahí están los servicios de salud a cargo del gobierno y de particulares, los educativos, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los centros académicos universitarios, los organismos para propiciar el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, institutos vitales para la competencia técnica nacional e internacional de la que habrá de desprenderse la captación de abundantes divisas y de fuentes de ingresos destinados a la evolución comercial con sus respectivas ventajas sociales financieras que habrán de traducirse en bienestar generalizado para el país.
Entre las obligaciones prioritarias, entre otras tantas más, a cargo del gobierno, se encuentra la de garantizar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía por medio de la creación de cuerpos policiacos honorables y bien capacitados para consolidar un sistema de seguridad pública imprescindible, orientado a facilitar la expansión del sector privado, el encargado de la vigorosa generación de empleos productivos, de la creación de riqueza para poder repartirla adecuadamente, del pago de impuestos, de la captación de divisas para estimular el intercambio comercial con el mundo entero.
El gobierno también debe construir una atmósfera de certeza jurídica para convencer a los capitales nacionales y extranjeros de la indudable conveniencia de invertir en México, tanto por la estabilidad cambiaria, como por las generosas tasas de retorno que obtendrían en comparación con otros países.
Se trata de proponer a México como el país del oportunidad, el de las excelentes relaciones diplomáticas, el país de la certeza patrimonial y legal, el país del desarrollo tecnológico de punta, el país de las enormes ventajas para el comercio mundial no solo en razón de nuestra ubicación geográfica privilegiada al lado de dos gigantes económicos y de nuestra vecindad con dos océanos que unen Asia y Europa, sino por la excelencia en nuestras vías generales de comunicación. Se trata de convencer al concierto de las naciones que México es un país que ha creado organismos autónomos que garantizan el escrupuloso respeto de los recursos públicos, que exhiben la realidad económica sin la injerencia del gobierno, así como provee la debida imparcialidad en el ejercicio de los deberes públicos, cuyo desempeño deberá quedar invariablemente controlado por dichos institutos autónomos inaccesibles a la politiquería cara o barata, la que sea.
Los tres principios fundamentales para la evolución política, económica social y cultural de México son los siguientes: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho. En la misma medida que el sector público y el privado se impongan la tarea ineludible de construir un Estado de derecho y finalmente se instrumente un eficiente sistema de impartición de justicia, el bienestar de la nación empezará a estar garantizado porque ni los funcionarios públicos no podrán disponer impunemente de los recursos del erario ni podrán malversar los ahorros de la nación, ni los contribuyentes se atreverán a ocultar sus ingresos o evadir el pago de impuestos, conscientes de la naturaleza delictiva de semejantes hechos que pueden conducir, en ambos casos, a la pérdida de su patrimonio, así como de su libertad personal
Invito a todos los presentes a someternos incondicionalmente a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanan por el bien de la nación. Tomémonos los mexicanos de la mano para construir entre todos el México que sin duda nos merecemos. Muchas gracias.
PD: Esta es la última columna que publicaré en el diario EL UNIVERSAL. Agradezco a esta casa editorial la generosa hospitalidad con la que invariablemente me distinguieron, en especial a Esteban Román, un periodista profesional y afectuoso en toda la extensión de las palabras. Por supuesto que seguiré escribiendo y defendiendo con mi pluma los principios democráticos y liberales fundamentales, en periódicos europeos como El País de España y el Chicago Tribune de los Estados Unidos, entre otros medios nacionales y extranjeros.
Twitter: @fmartinmoreno
